En el documento, presentado por una comisión que durante más de un mes investigó las denuncias sobre irregularidades en el penal para militares, se revela que en Tolemaida todo se podía comprar.
Desde salidas ilegales del penal hasta la administración de los quioscos construidos en el centro carcelario se podían obtener con el pago de un "aporte" a la misma dirección de la cárcel o a los encargados de los registros de los presos.
"Era negocio para los internos propietarios de los talleres productivos, que en algunos casos eran muy prósperas empresas privadas. Era también negocio para quienes se reclamaban como propietarios de las cabañas, que las vendían. Y negocio para quienes estaban al frente del penal, y que abusando de las competencias otorgadas, hicieron de la cárcel una empresa de extracción ilegal de recursos", señala el documento oficial.
El informe reconoce que la situación en Tolemaida era más grave que las denuncias presentadas por medios de comunicación, como ELTIEMPO.COM. Los quioscos ubicados en el penal, que eran alquilados y vendidos, fueron construidos ilegalmente; los proyectos productivos que deben ser supervisados jamás fueron revisados y lo que se reportaba al penal de utilidades era mucho menos de lo que realmente recibían los reos.
Además, se comprobó que, sin ningún permiso judicial, al menos 92 internos salían todos los días de Tolemaida a trabajar. "No existían medidas elementales como el libro de conteo de los internos y el libro de control del personal saliente del centro carcelario", dice el informe.
Ante tal cantidad de irregularidades, la comisión hizo 35 recomendaciones para garantizar el orden y la disciplina en el centro carcelario. Se propone la creación de una dirección de política carcelaria para la Fuerza Pública, que hoy no existe; además de la participación directa del Inpec en el control del penal.
"Estos sitios de reclusión deben regirse por las mismas restricciones y limitaciones de los centros penitenciarios ordinarios, lo que implica un reglamento severo, pero también iguales estándares de bienestar, dignidad y respeto", recomienda la comisión.
Igualmente, señala que es necesario tener un mecanismo que permita conocer en tiempo real los fallos condenatorios a los militares, para evaluar el sitio de reclusión al que serán enviados a cumplir esas penas.
El documento fue enviado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que sea utilizado en las investigaciones penales y fiscales contra los militares y civiles que permitieron el desgreño en el centro carcelario.
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