Entre otras razones, porque se teme que una alianza de actores ilegales y enemigos de la ley de víctimas y restitución de tierras quiere apoderarse del poder local y regional para frenar la implementación de las reformas.
En el IX Encuentro de Editores y Directores de Medios, realizado este martes en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, señaló que la hipótesis que maneja el Gobierno es que esa corriente criminal habría decidido enfrentarse a varias iniciativas del Ejecutivo para hacerlas fracasar.
Un campanazo de lo que podría ocurrir es la reciente toma de tierras por la fuerza en Urabá. Al Gobierno le parece "sospechosa" la movilización de 17.000 campesinos, de manera espontánea, en momentos en que está a punto de aprobarse la ley de tierras.
La estrategia del Gobierno -implementada desde hace casi dos meses- cambia el paradigma de lo que se venía haciendo antes de elecciones, que no era más que un plan de orden público.
Ahora, según Vargas, el plan consta de varias fases, que van desde la investigación de los fenómenos en terreno con anticipación, alertas tempranas a los partidos, control de la financiación, denuncia y judicialización de los responsables de estos delitos, a tiempo.
En la segunda fase, que está en desarrollo, un grupo de investigadores hará indagaciones en 67 municipios, considerados como los de más alto riesgo. A mediados de julio habrá información para judicializar a los responsables.
En la tercera fase se les entregará a los partidos información concreta sobre amenazas a candidatos, grupos ilegales que influyen en sus jurisdicciones, aspirantes con problemas que no deberían participar en el debate electoral, y se procederá a la judicialización de los responsables de delitos. La idea, según el ministro Vargas Lleras, es ir al fondo del problema.
Además, se espera contar con nuevos instrumentos jurídicos, como la ley reglamentaria de la reforma política y la ley anticorrupción, que exigirá mucho más a los partidos en la búsqueda de la transparencia.
León Valencia, quien en nombre de la Corporación Arco Iris trabaja con el Ministerio en el plan, se mostró confiado en que, por primera vez, y gracias a haber iniciado esta acción de manera temprana, se va a poder proteger a los ciudadanos de todas las amenazas que se ciernen sobre ellos, con motivo del debate electoral.
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