Procuraduría tiene en la mira a 34 gerentes de EPS por robo a la salud

Así lo reveló este jueves la viceprocuradora Martha Castañeda, en declaraciones a medios.

La viceprocuradora anunció que se abrirá investigación preliminar a 34 gerentes, pero no especificó sus identidades.

Castañeda agregó que en el caso de los funcionarios que están involucrados, ya se abrió investigación disciplinaria.

De otro lado, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, aseguró que "las víctimas del fraude a la salud están entregando información"

El general Naranjo señaló que víctimas y conocedores del escándalo están colaborando con las autoridades.

"Personas que figuran en la nómina de pagos pero que nunca recibieron esa ayuda se han empezado a acercar. También, aquellas que tienen información y que afirman que los llamaban para que se hicieran pasar por beneficiarios del sistema", dijo el General.

Agregó que la Policía para avanzar en la investigación ha contado con la colaboración de personas que conocieron la "mecánica de todo el sistema de defraudación".

Horas antes un juez ordenó investigar a las EPS por el millonario desfalco de la salud "Que caiga el que caiga, llámese ministro o ex ministro, presidente o ex presidente", dijo.

"Esta no es la punta del iceberg, este es el último eslabón de la cadena. La Fiscalía tiene que investigar, y que caiga el que caiga, llámese ministro o ex ministro, presidente o ex presidente".

Con esta afirmación, el juez 48 penal con funciones de garantías, Javier García, ordenó ayer que se investigue a las EPS que se habrían beneficiado con el pago de recobros en el escándalo del millonario fraude contra la salud.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento a los cinco capturados por los cobros irregulares de medicamentos y procedimientos médicos, el juez enfatizó que la Fiscalía no puede descuidar a los beneficiarios de los recobros que se quedaron con el 94 por ciento de los pagos.

"Aquí les tienen que meter la muela a las EPS, porque si es cierto que se presentaron pagos irregulares, ellos se quedaron con gran parte de lo pagado", añadió el funcionario judicial.

Ante la petición del juez, el fiscal 23, Mario Montes Giraldo, dijo: "Es cierto que aquí (en el proceso) hay gente muy importante, ellos robaron fue para otros". El investigador sostuvo que en el expediente hay cerca de 300 personas vinculadas al caso y que "llegaremos a quienes estaban detrás de esas prácticas ilegales".

El juez acogió parte de los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría para ordenar la detención a Claudia Patricia Rojas, Édgar Isaías Medina, Héctor Mauricio Durán, John Carlos Lamus y Luis Andrés Ruiz, a quienes les imputaron cargos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Para el juez, aunque es válido y legal asesorar a las EPS para los trámites de recobros, no está claro por qué en los correos los hoy detenidos hablaban de pagos de comisiones a varios de las cinco personas detenidas.

Igualmente, consideró que la función pública fue tergiversada y no hubo deber de lealtad de los funcionarios públicos. "Yo no cuestiono la legalidad de los contratos de asesoría de los acusados, pero cuando muta al pago de comisiones sí hay una conducta penal", agregó.

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