Flechas y Cortés admitieron ante la Sala Penal que esa cita, entre agosto y septiembre del 2007, sí ocurrió.
Pero mientras los dos sostienen que hablaron "de un convenio interinstitucional para el problema de la inasistencia alimentaria", la Corte considera que lo que se buscaba era presionar a un magistrado de la Judicatura de Cundinamarca que llevaba una investigación disciplinaria contra el abogado Juan Carlos Salazar. Él era contraparte de Manuel Arturo Rincón, esposo de Lucero Cortés, en un proceso penal.
A esa cita Cortés fue con una empleada de su esposo, que ahora es testigo en el proceso.
Ella aseguró que Flechas tomó los datos del caso contra el abogado y luego llamó al magistrado de Cundinamarca, Rafael Vélez. Y éste a su vez dijo en la Corte que tanto Flechas como Lizcano y Julia Emma Garzón lo presionaron para que sancionara al investigado.
Aseguró que Lizcano, que es el actual presidente de la Judicatura, incluso le pidió que informara del caso a la representante Cortés y se ofreció a cuadrar una cita, mientras que Julia Emma Garzón lo citó a su despacho para decirle que "debía sancionar al abogado Salazar Torres, que ellos también lo condenarían".
La Corte le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigara a Flechas, Lizcano y Garzón por este caso de supuesto tráfico de influencias.
Vélez no condenó finalmente al abogado y, según dijo en la Corte y ante la misma Comisión de Acusaciones, por eso recibió una sanción disciplinaria.
La sanción en efecto se dio, y la decidieron, entre otros, los magistrados Temístocles Ortega, ya retirado, y María Mercedes López, además de Martha Patricia Zea, como magistrada encargada.
La Corte también compulsó copias contra ellos, basada en los señalamientos del magistrado de Cundinamarca, pero no los incluye en el caso de supuesto tráfico de influencias de la congresista Cortés.
Este diario obtuvo el expediente y encontró que se trató de un proceso contra tres magistrados de la Judicatura en Atlántico (donde estaba Vélez) que se inició antes de la cita de la congresista en el Consejo Superior y que tenía que ver con decenas de procesos disciplinarios que estuvieron quietos por años en ese despacho.
De los tres magistrados investigados, Vélez tuvo la sanción más baja: lo suspendieron un mes, mientras que una de sus colegas estuvo apartada del cargo por 90 días.
0 comentarios:
Publicar un comentario