Tregua a protestas en campo Rubiales, en Puerto Gaitán

La decisión se tomó con el objetivo de que ambas partes se sentien este miércoles a dialogar sobre las exigencias que los trabajadores le están exigiendo a la multinacional.
Los desórdenes estallaron en la madrugada del martes, cuando 5.000 obreros de una firma contratista (según trabajadores) o 1.500 (según la Policía), que exigen mejores condiciones laborales, entraron en un fuerte choque contra 200 policías del Escuadrón Antidisturbios (Esmad).
Se espera que el gobernador del Meta, Darío Vásquez Sánchez, llegue este miércoles a primera hora a Rubiales, a servir como garante en los diálogos y apoyar procesos que lleven a solucionar las diferencias laborales entre los trabajadores y los contratistas tanto en Puerto Gaitán como en el campo Rubiales. (Lea acá el comunicado emitido por Pacific Rubiales).
Durante la revuelta, algunos operarios quemaron 5 camionetas en las que se moviliza personal de las compañías petroleras. La reacción de los policías del Esmad no fue suficiente para controlar a los miles de obreros enfurecidos.
Según la Policía, los enfrentamientos dejaron seis policías y tres civiles heridos de consideración.
Hacia las 5 p.m., la situación tendió a la calma, luego que delegados de Pacific Rubiales, de los obreros y de la Unión Sindical Obrera (USO) se sentaron a dialogar, según Timoteo Romero, presidente de la CUT en el Meta.
Aunque Santiago Ramírez, presidente de nueve resguardos indígenas que hay en la zona, informó que un miembro de esta comunidad murió en medio de las revueltas, la Policía lo desmintió.
El líder agregó que al menos 10 indígenas sufrieron heridas, e identificó entre ellos a Patiño Gaitán Gaitán, de quien dijo sufrió quemaduras en las piernas, y a Sebastián Linares, que sufrió contusiones en la cabeza.
Desde hace 29 días, unos 1.000 contratistas de Cepcolsa en Puerto Gaitán, que trabajan en los campos Jaguar, Cara Cara y Toro Sentado adelantan protestas. Ellos hicieron un acercamiento con la Vicepresidencia de la República, los sindicalistas de la USO y la CUT.
Fuentes sindicales dijeron que esos acercamientos se rompieron la noche del lunes cuando a última hora el Gobierno Nacional exigió que antes de firmar un acuerdo se incluyera el levantamiento del paro de los contratistas de Rubiales, lo que hizo que los negociadores de la CUT y de la USO se levantaran de la mesa.
El presidente de la CUT en el Meta explicó que los negociadores de la USO y de la CUT, que el lunes estaban en la Vicepresidencia, le dijeron al Gobierno que ellos no podían hablar por los trabajadores de Rubiales, que entraron al paro, y que ese era un contexto diferente del que se estaba tratando en la mesa, pues es otro campo de explotación y otra firma petrolera.
Lo que se acordó en el preacuerdo
Definir una lista de trabajadores para que la empresa petrolera coloque unos pliegos de licitación y éstos sean contratados por empresas contratistas.
En segundo lugar se acordó que el 3 de agosto, con presencia del Vicepresidente, más la presencia de los diferentes representantes del gobierno nacional que tienen que ver con políticas sociales, el gobernador del Meta, el alcalde de Puerto Gaitán, las petroleras, la USO y la CUT se realizará un diálogo social en Puerto Gaitán, que tiene como fin trabajar en una agenda social en beneficio de las comunidades.
En tercer lugar se acordó desarrollar una política a fondo de fortalecimiento del diálogo social en la región e invitar a esa reunión a Pacific Rubiales.
El Vicepresidente Garzón reiteró que lo más importante es que existe una gran voluntad de las empresas petroleras, del Gobierno nacional del Ecopetrol, de la USO,  de la CUT y de las comunidades, para crear un ambiente muy favorable para que se pueda crear un clima de confianza y de soluciones recíprocas en beneficio de las empresas y de la comunidad y de los trabajadores.
Sobre los reclamos de los trabajadores, el Vicepresidente dijo que existen diversos orígenes y que hay temas laborales y plena conciencia para que se respeten los derechos de los trabajadores. "Hay mucha inconformidad de parte de los voceros de las comunidades y éstos  consideran que hace falta una política más sólida en materia de responsabilidad social y empresarial", sostuvo Garzón.
Lo que denuncian los obreros
- Violación de la jornada máxina de trabajo (hasta 18 horas diarias de trabajo y 40 días sin descanso)
- No pago de salarios a trabajadores en período de prueba
- Condiciones insalubres y antihigiénicas de los alojamientos
- Discriminación en el salario y en la contratación porque contratan personas de otras regiones
- Trabajadores con más de tres meses de empleo que no están afiliados a la seguridad social.

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