Para ellos, se trata de una iniciativa que está poniendo en riesgo la separación que, en el marco del Estado Social de Derecho, debe reinar entre las ramas, toda vez que lo que se vislumbra es un interés por concentrar más poder en el Ejecutivo y arrebatarle a la Justicia su autonomía.
“Compromete la separación de poderes, sobre cuya base se edifica el Estado Social de Derecho y propugna por una mayor concentración de poder en cabeza del ejecutivo”, concluyeron las corporaciones, representadas por sus voceros oficiales, Mauricio Fajardo, quien preside el Consejo de Estado, y Camilo Tarquino, máxima cabeza de la Corte Suprema.
A través de un comunicado conjunto, expresaron su voluntad de acudir a una veeduría internacional, como reflejo de su inconformidad para con la decisión del Ejecutivo de impulsar el proyecto de acto legislativo, aunque éste no sea el resultado del consenso al que se esperaba llegar con las más altas corporaciones judiciales.
"Ante tan delicado panorama, que amenaza seriamente la institucionalidad, se estima necesario estudiar la viabilidad de solicitar una veeduría internacional, así como alertar a los organismos judiciales y a la comunidad del mismo orden, por los riesgos que con el proyecto presentado se ciernen sobre la autonomía y la independencia de la función jurisdiccional", sentenciaron.
Finalmente, precisaron que lamentan que los máximos representantes de la Rama Judicial hayan sido sometidas a un desgaste inútil en las negociaciones libradas con el Gobierno, toda vez que el proyecto no contiene soluciones frente al déficit presupuestal y que termina es debilitando antes que fortaleciendo el poder jurisdiccional.
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