El documento ya fue presentado al mismo Inpec y a la alta consejera para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, María Lorena Gutiérrez. Y mañana, se espera que el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de asesores, basados en él, definan el camino a seguir. La idea es que, amparados en las facultades extraordinarias para reformar el Estado que le otorgó el Congreso al primer mandatario, se adelante una reforma que, por lo visto, implica la liquidación del Inpec y de sus funcionarios para crear una nueva entidad con la capacidad de prestar la vigilancia, tratamiento y resocialización de los detenidos y dejar atrás los reincidentes escándalos.
No será fácil. Los expertos dicen que la liquidación del Inpec vale más de un billón de pesos y podría generar la reacción, incluso violenta, de cerca de 15 mil funcionarios del instituto, en su mayoría armados. En el mismo Gobierno se reconoce que el asunto se ha convertido en un ‘chicharrón’ y que no hay doliente. Los vacíos en la seguridad de los pabellones donde están los condenados por delitos mayores; la poca vigilancia e incluso el criterio dispar sobre quienes tienen beneficio de casa por cárcel, sumados a la complicidad de algunos empleados con delincuentes, son argumentos suficientes para que ni los ministerios de Justicia, del Interior, de Defensa, y mucho menos la Policía, quieran asumir la responsabilidad de incluir la entidad dentro de su estructura interna.
Desde su creación en 1992, el Inpec ha sido objeto de todo tipo de escándalos y su estructura es muy compleja de manejar: 34 sindicatos y tres confederaciones de trabajadores. Según el documento de la ESAP —conocido por El Espectador—, son cuatro los posibles escenarios (ver recuadros) que se plantean para implementar el revolcón del Inpec, mientras que en la entidad se ha tratado de mantener discreción sobre dicho informe con el fin de evitar enfrentamientos con los sindicatos.
Estructura interna de la Policía
Este panorama contempla la reasignación de las funciones del Inpec a una nueva dependencia interna en la estructura orgánica de la Policía Nacional, sin personería jurídica y con autonomía administrativa y financiera. También incluye la liquidación de los actuales miembros de la entidad, con las consecuencias y costos que esto genera. Además, “las reglas mínimas de tratamiento de población reclusa rechazan de manera tajante la posibilidad de que la misma institución que persigue el delito custodie a los privados de la libertad”, sumado a que “los miembros de la Policía no tienen entrenamiento para garantizar la seguridad de un establecimiento penitenciario y garantizar la reeducación de un interno”, señala el informe de la Esap.
Al respecto, el mismo director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, ya ha hecho evidente su rechazo a esta posibilidad, pues es violatoria de los tratados internacionales y de inmediato caería una serie de señalamientos de organizaciones como la ONU, lo que podría poner en entredicho a la institución en el ámbito internacional.
Unidad adscrita al Ministerio de Defensa
Esta opción contempla “suprimir y liquidar el Inpec para convertirlo en una unidad administrativa con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Ministerio de Defensa”. Los actuales miembros del Inpec tendrían que someterse a un proceso de selección en el cual, en su mayoría, serían liquidados. Un problema es que esto implicaría dos regímenes laborales que podrían llevar a disputas internas. Los miembros de la nueva entidad tendrían el carácter de Fuerza Pública, con lo cual no están de acuerdo en el Ministerio, pues se entraría a asumir la responsabilidad de una de las entidades más cuestionadas del Estado. Pero el principal temor con este escenario es que se debe garantizar la vigilancia y resocialización de los reclusos mientras se hacen los cambios y quienes en la actualidad forman parte del Inpec no estarían dispuestos a hacerlo e incluso se cree que se podrían generar inconvenientes de orden público en los centros penitenciarios.
En el Ministerio de Justicia
Aquí son dos los escenarios que se proponen: el Inpec como establecimiento público o unidad administrativa adscrita al Ministerio de Justicia, o como una dependencia interna de éste. En ambos casos sería la Policía la que asumiría las responsabilidades que actualmente tiene el Inpec y sería obligatorio crear una fuerza especial con funciones claras de vigilancia y resocialización. La relación interinstitucional Ministerio-Policía Nacional se establecería vía decreto o convenio. Ahí surge un nuevo problema: la Policía no tiene personal suficiente para asumir estas funciones y si se reubica a los actuales miembros del Inpec “no se logra el cambio institucional deseado”, según el documento de la Esap.
Para lograr que se cree un régimen especial de carrera dentro de la Policía, que sería la única forma de evitar el rechazo internacional y de la misma institución, no es suficiente con las facultades extraordinarias y tendría que tramitarse una ley ordinaria en el Congreso, lo que retrasaría el proceso y nuevamente se corre el riesgo de que los 15 mil funcionarios del Inpec y sus 36 sindicatos lo torpedeen.
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