La Fiscalía no ha terminado el preacuerdo con Julio Gómez y Emilio Tapia.
Por segunda vez fue aplazada la audiencia en la que se imputarán cargos a los 'zares' de la contratación en Bogotá que negocian beneficios por colaborar con la justicia en este caso.El fiscal Ricardo González pidió el aplazamiento para terminar la negociación con Gómez y Tapia, que se convertirían en testigos de la Fiscalía.
Se busca definir el tiempo que pasarían presos y el monto que tendrían que devolver por los contratos obtenidos ilegalmente.
Este acuerdo contempla que aceptarían su responsabilidad en el 'carrusel' de la contratación en Bogotá y se convertirían en testigos contra los demás implicados, como Samuel e Iván Moreno; también tendrían que devolver millonarios recursos.
Con ese preacuerdo los contratistas lograrían bajar su condena a más de la mitad, por lo que la sentencia, que podría llegar a los 20 años, pasaría máximo a 9.
En el caso contra Julio Gómez y Emilio Tapia el contratista Alejandro Botero pidió ser acreditado como víctima.
El contratista que denunció parte del escándalo del 'carrusel' de la contratación dijo que busca evitar que ellos salgan libres de los cargos en su contra.
"Fueron once contratos por 280.000 millones de pesos que deben ser aclarados por la justicia", dijo.
Y añadió que va a estar atento a las negociaciones de los contratistas para que el caso no quede impune.
El ex jefe jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inocencio Meléndez, fue el primer implicado que logró un acuerdo con la Fiscalía en este caso.
Además, Meléndez fue el primer condenado por estas irregularidades en la contratación. Fue condenado a pagar una pena de siete años y seis meses de prisión y una multa de 77 millones de pesos. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de cárcel.
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