Informe de la Defensoría del Pueblo muestra que hasta la fecha se han registrado 26 asesinatos, 5 atentados, 4 secuestros y una desaparición forzada.
A tres semanas de las elecciones regionales el panorama de violencia contra candidatos sigue siendo complejo. Pese a los esfuerzos de las autoridades por garantizar la seguridad de los aspirantes, siguen los ataques y las intimidaciones. Ayer, por ejemplo, fue atacado el candidato de Cambio Radical a la Gobernación de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez, quien quedó gravemente herido tras recibir dos impactos de bala.La Defensoría del Pueblo hizo un estudio que muestra la grave situación de departamentos como Antioquia, Valle y unos de la Costa Atlántica.
Las cifras demuestran que los violentos siguen interviniendo en política a través de las intimidaciones, los asesinatos y los secuestros. En lo que va del año han matado a 26 candidatos. A esto se suman cinco atentados (incluido el de Gómez), cuatro secuestros y una desaparición forzada. En total son 35 aspirantes a alcaldías, concejos y asambleas, víctimas de los violentos.
La Defensoría también expresa su preocupación por la cantidad de amenazas contra candidatos. Hasta la fecha se tienen registradas 75 amenazas, que estarían directamente relacionadas con la intención de las víctimas de participar en los comicios. La situación más grave se vive en los departamentos de Atlántico (11), el Valle del Cauca (10) y Sucre (7).
Este panorama coincide con el mapa de presencia de grupos ilegales en algunas zonas del país. Curiosamente, el problema más grave está en departamentos dominados por las llamadas bandas criminales como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, que fuera de estar enfrentados por el dominio de rutas y cultivos ilícitos, ahora lo hacen por el poder local.
A estos reductos de las Auc se suman los ya tradicionales grupos guerrilleros, como las Farc y el Eln. Aunque en algunos casos las autoridades no han identificado a los responsables, se tiene la sospecha de alianza entre políticos y los grupos ilegales.
Por zonas
Según la Defensoría, la situación más grave de ataques contra candidatos se vive en el Valle del Cauca y Antioquia, con siete casos cada uno y que juntos representan el 40% de la violencia contra aspirantes en el país. Han sido 11 asesinatos y tres atentados. Yumbo, Dovio, Cali y Riofrío, en el Valle, y Valdivia, Caldas, Campamento, El Bagre, Arboletes y Medellín, en Antioquia, han sido escenarios de violencia.
Casos tan preocupantes como el de Riofrío (Valle), donde asesinaron en una semana a Luis Fernando Campo y a Hílder Antonio Gómez, ambos aspirantes al Concejo. El caso más reciente en Antioquia fue el de Duván Antonio Vélez Mejía, candidato al Concejo de Medellín por el Polo Democrático, que fue víctima de un atentado el 15 de septiembre.
En orden de violencia siguen Santander y Nariño (tres casos cada uno) y que juntos suman el 17% de la violencia. Cuatro asesinatos y dos secuestros. Luego siguen Córdoba, Sucre, César, Cauca, Putumayo y Risaralda, que reportan de a dos casos cada uno, concentrando entre todos el 34% de la violencia con 10 asesinatos, un atentado y una desaparición forzada.
El caso de desaparición fue el primer ataque contra candidatos en el país. La víctima fue Rodrigo Caballero Pallares, quien había anunciado su intención de aspirar a la Asamblea de Cesar. El pasado 10 de febrero lo raptó en Aguachica (Cesar) un grupo de delincuentes armados. El caso se les atribuye a ‘Los Rastrojos’.
Finalmente, las zonas de violencia la completan Norte de Santander, Cundinamarca y Meta, con un caso cada uno, representando el 8% de las cifras con un asesinato y dos secuestros.
Frente a la violencia por partidos se encuentra que el Partido Conservador ha sido el más golpeado con nueve casos (25%), seguido del Partido Liberal con seis (17%), el Partido de la U con cinco (14%), el PIN con cuatro casos (11%) y Cambio Radical con tres casos (8,5%). También existen casos contra Aico, Polo, Mio y el Partido Verde.
El estudio de la Defensoría del Pueblo, que se basa en hechos concretos, refuerza los informes que ya habían presentado los ministerios de Defensa y del Interior, así como entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE), que ya habían alertado sobre el alto riesgo que existía en departamentos como Antioquia, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y todo el andén del Pacífico colombiano con Valle, Chocó y Nariño. La razón: las Farc, el Eln y las bandas criminales, financiados por el narcotráfico, intentan apropiarse del poder local.
Según la MOE, para estos comicios hay 540 municipios bajo riesgo electoral, un incremento cercano al 64% con relación a las pasadas elecciones, si se tiene en cuenta que para 2007 el riesgo se presentaba en 328 municipios. Esto obedece al incremento de poder de las bacrim y la intervención de la delincuencia común.
Por ahora, el nuevo informe sobre violencia, previa a los comicios, plantea el reto que las autoridades tienen las próximas semanas de asegurar la integridad y la vida de los que, a pesar de las amenazas, siguen en carrera por ocupar un cargo de elección popular.
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