La Virginia (Risaralda), de nuevo en alerta roja

Los zarzos de las casas de La Virginia, Risaralda, son los mejor aprovechados del país. Cuando el río Cauca sobrepasa los 6,24 metros de altura, son almacenados allí los enseres de 1.800 familias en los siete barrios de la ribera, tal como ocurrió el pasado puente festivo (tercera vez este año): 951 familias colgaron sus pertenencias antes de salir para los albergues en las escuelas y salones comunales.
“En 32 años que llevo en este barrio (El Progreso), siempre nos ha tocado salir de la casa, dos y tres veces al año, mientras baja el agua”, dice una joven madre de seis pequeños, recién operada del colon, mientras es transportada en una volqueta de la Gobernación a uno de los 507 albergues. Su vecino la recrimina por tenerle miedo al agua. “No es miedo, es por los niños”, responde ella.
No se acostumbran, pero se resignan. Hasta el 25 de octubre tuvieron la ayuda de los políticos de la zona, pero pasadas las elecciones sólo se asoma el alcalde electo, Nelson Palacio.
Tras la inundación de 2008, el presidente Álvaro Uribe prometió un plan parcial por $16.000 millones a 700 familias de La Milagrosa, que hasta hoy no ha sido ejecutado. Sería liderado por la Gobernación de Risaralda, a través de la Promotora de Vivienda, sobre un terreno de 100.000 m² de propiedad de la exsenadora María I. Mejía.
A finales de 2010 el municipio vivió la peor emergencia en 50 años, cuando el río subió a 7,10 metros de cota, inundando el 80% de la población. Las 3.600 familias afectadas terminaron hacinadas en albergues. Además de luchar contra las enfermedades como el dengue o la leptospirosis, lo hicieron contra avivatos que pedían ayudas en la Cruz Roja sin necesitarlas.
El 15 de enero, el presidente Juan Manuel Santos hizo su primer Acuerdo por la Prosperidad de 2011 en el municipio. “Hemos decidido venir a La Virginia porque se volvió una especie de símbolo, y ver cómo podemos resolverles no solamente el problema a los afectados por el invierno ahora, sino también nuestros propios problemas para los futuros inviernos”, dijo, y exigió que las viviendas estuvieran listas antes del 31 de diciembre.
En abril, la ministra de Ambiente, Beatriz Uribe, y el alcalde de La Virginia, James Alzate, firmaron el convenio para las viviendas de 1.100 familias: $19.100 millones del Ministerio, $4.000 millones de la Gobernación, incluido el lote, y $1.000 millones del Municipio. Como no hay acuerdo sobre quién ejecuta —la Alcaldía o la Gobernación— la obra no avanza. Luego, Findeter rechazó el proyecto por inconsistencias técnicas. Una de las recomendaciones es la de rellenar el terreno en al menos 80 centímetros. El alcalde revocó entonces el proyecto, lo ajustó y ahora se dice que tendrá 346 viviendas menos.

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