Las otras víctimas del cartel de contratación

Luego del bloqueo que hicieron el martes en el Portal Tunal de Transmilenio, los 300 adultos mayores que protestaron esperan la reapertura de los comedores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cerrados por la suspensión de la licitación con la que se escogerían sus operadores.
Para abuelos como el señor Luis Alfonso Broyos, es difícil comprender que el retraso para reanudar el servicio de los comedores se deba a otro capítulo más del escándalo por el carrusel de la contratación. El 2 de noviembre, el ICBF realizó la audiencia pública para seleccionar a los operadores del Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor. Pero ese mismo día se suspendió el proceso debido a las denuncias de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia sobre presuntas irregularidades con las empresas que han manejado el programa.
Pablo Bustos, coordinador de la Red, señala que uno de los proponentes de la convocatoria fue la cooperativa de trabajo asociado Cooprosperar, cuestionada por su relación con el Grupo Torrado, que tiene nexos con el senador Efraín Torrado y su hermano, el concejal Édgar Torrado. Hace dos semanas la representante a la Cámara Ángela Robledo, denunció que, pese a estar embargada, esta cooperativa “firmó 11 contratos de manera directa con el Programa de Alimentación del Adulto Mayor”. Bustos agrega que el día de la audiencia pública los representantes legales de Cooprosperar se mostraron ansiosos y exigieron que la licitación se adjudicara de inmediato, pues se daban como ganadores por la experiencia que han tenido en la contratación con el ICBF.
Pablo Bustos indica que la preocupación subyacente en este tema es que fundaciones y cooperativas como la mencionada hayan cooptado la contratación con el ICBF. Además, según señala el coordinador de la red de veedurías, la calidad del servicio prestado por estas empresas tampoco ha sido óptima.
El ICBF informó que estudia las alternativas para reanudar la prestación del servicio lo antes posible, mientras avanza la investigación contra Cooprosperar y otros consorcios participantes en la convocatoria. Una vocera del organismo afirmó que por ahora hay un acuerdo con la Secretaría de Integración Social para entregarles un bono de $131.000 a los usuarios del programa, que podrán utilizar en la compra de alimentos mientras se define el rumbo de la licitación.

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