La manzana de la discordia se llama Liliana Ortiz. Una asesora jurídica de la Contraloría que la semana pasada fue declarada insubsistente justo en el momento en que se aprestaba a pedir a la Fiscalía que dicte medida de aseguramiento a Julio Gómez, uno de los principales contratistas vinculados con millonarios desfalcos al Distrito.
La salida de Ortiz —cuyos motivos el contralor prefiere no mencionar— suscitó la reacción del alcalde electo Gustavo Petro, quien a través de Twitter cuestionó al contralor. En el aire quedó el sabor de que Solano no estaba de acuerdo con la petición de detención de Gómez, pero el jefe del ente de control asegura que dicha solicitud es una directriz de su despacho y que no es cierto que la funcionaria haya salido por estas razones. También critica duramente al alcalde electo y revela el papel que el polémico exsubcontratista Alejandro Botero —excluido del equipo de empalme de Petro— jugaría en toda esta historia.
La sensación que quedó es que Liliana Ortiz pidió la medida de aseguramiento de Julio Gómez, y que la Contraloría la echó…
La señora Liliana no es la que manda en la Contraloría ni es la que estipula las políticas de la entidad. Las políticas las establece el contralor con su equipo. No puede ser ahora que el señor alcalde electo quiera poner de heroína a una persona que forma parte del grupo de 870 empleados.
¿Quiere decir que el pedido de medida de aseguramiento no es un tema exclusivo de Ortiz?
Lógico. Esa solicitud está basada en las directrices que hemos dado. Yo no sé qué tenga Petro detrás de esto. Lo que puedo decir es que la política y las directrices de la Contraloría van a ser las mismas sin esta funcionaria.
Los comentarios del alcalde sugieren una omisión por parte suya…
Es que quieren crear una nube dejando una mala sensación. ¿Qué tal que yo dijera que porque el señor Petro sacó de su equipo a Alejandro Botero entonces está comprometido con el carrusel? Si creen que estoy cometiendo irregularidades, denúncienme, pero no se pongan a salir a los medios y a Twitter tratando de enlodar mi gestión. Cuando yo llegué no había ningún vinculado, yo soy el que ordeno la vinculación y la reapertura de muchos procesos.
¿Por qué entonces Petro la agarra contra usted?
Esa es la pregunta. El señor Alejandro Botero me visitó en mi oficina hace ocho días, diciendo que era urgente. Llegó a exigirme que me pronunciara en contra de la Fiscalía porque le estaba dando el beneficio a Julio Gómez. Yo le dije que tenía razón y que iba a consultar. Pero cuando les pregunto a mis asesores, me dicen que yo estaba loco, que dentro de mis funciones de contralor no se incluye la capacidad de exigirle cuentas a la Fiscalía.
¿Por qué Botero acude a donde usted a hacerle esta petición?
No sé. Él me dijo que tenía la grabación del señor fiscal Germán Pabón, en la cual éste último decía que la fiscal Viviane Morales no quiere que ataquen a los Nule. Me dijo que tenía un jurgo de pruebas, pero no me llevó nada. Es la segunda vez que lo atiendo y siempre me hace lo mismo.
¿Usted sí ha investigado a Julio Gómez?
El que descubrió todo el caso de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), fui yo. En la ERU encontramos que tres o cuatro meses antes de posesionarse el alcalde Samuel Moreno existían unos acuerdos confidenciales que, mirados retrospectivamente, se cumplieron al pie de la letra.
¿En qué consistieron esos preacuerdos de la ERU?
Se estipulaba que a Emilio Tapia tenían que darle la construcción del centro comercial San Victorino. El acuerdo era que salía la licitación, la declaraban desierta, y al declararla desierta, entonces la adjudicaban a dedo.
¿Usted no ha tenido oportunidad de contarle todo esto a Petro?
Él fue a visitarme a la Contraloría, hablamos de todos los temas de corrupción, él sabía todo el trabajo que veníamos haciendo.
¿En qué otros procesos vinculó usted a Julio Gómez?
En el de la 153 y en el de la 94. También en el de la Vía al Llano, unos kilómetros que eran un camino de herradura, que nadie lo definía, y que gracias a la intervención de la Contraloría lo desencajonamos. Ahí abrimos juicio de responsabilidad fiscal contra Julio Gómez y Emilio Tapia.
¿Usted cree que todo esto tiene algo que ver con la fugaz presencia de Alejandro Botero en el proceso de empalme?
No sé. Pero las personas que se tildan de combatir la corrupción no pueden entrar ahora a hacer semejante juego.
Cambiando de tema, ¿en qué van sus investigaciones sobre el carrusel de la salud?
Hemos encontrado mucho. Ordené la contratación de una auditoría a la construcción del hospital de Meissen, que lleva cuatro años en construcción. Tristemente, el constructor es Julio Gómez.
¿Qué encontró ahí?
Que no aparecen $5.300 millones y que no hay ninguna sanción por parte del interventor ni del Distrito.
¿Ese caso ya está en Fiscalía?
Están revisando a ver si encuentran algo penal. No encontramos 5 mil millones, en unos casos, por sobrecostos, lo que querría decir que sí hay elementos penales. A ese contrato le dieron todas las prórrogas. Lo que debía terminar en 2008, no se ha terminado, nunca los sancionaron y además le incrementaron en 14 mil millones el contrato y hoy en día sigue Julio Gómez construyendo.
Por Twitter, Petro dijo que sigue esperando a que usted haga público el documento que establece el detrimento patrimonial contra el Distrito…
Son muchos los documentos en los que está todo lo que he contado, todos los documentos son públicos y están en la web, simplemente el señor Petro no ha entrado. Del IDU son $48 mil millones; de movilidad, $370 mil millones.
‘Voy a denunciar al contralor’: Botero
Alejandro Botero, el polémico exsubcontratista del Distrito, que tuvo negocios vinculados con el empresario Julio Gómez y uno de los principales testigos del llamado cartel de la contratación en Bogotá, le confirmó a este diario que sí visitó en su despacho al contralor distrital para llevarle pruebas de presunta corrupción en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), pero que “el contralor no ha hecho nada al respecto. Con Mario Solano estamos peor que con Miguel Ángel Moralesrussi. A Solano lo visitan en su despacho Hipólito Moreno, Andrés Camacho y otros concejales relacionados con el cartel de la contratación. Por eso voy a denunciarlo, porque el contralor tiene absolutamente todos los documentos para desmontar el cartel y, sin embargo, no lo ha hecho. Eso se me hace muy extraño. Y quiero decirlo públicamente”.
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