Al cabo de seis meses de facultades extraordinarias, son más las instituciones nuevas que las suprimidas por el presidente Juan Manuel Santos.
La palabra reforma es una de las preferidas por los candidatos en campaña a la hora de conquistar votos. Sirve para todo y tiene un aire que inevitablemente invita a pensar en que lo que viene será mejor. Lo dijeron desde César Gaviria hasta Álvaro Uribe, pasando por Andrés Pastrana, y cada quien hace sus propios balances.La reforma al Estado pregonada por Uribe, por ejemplo, estaba condensada en el punto 8 de su Manifiesto Democrático. “Menos Congreso, menos consulados y embajadas. Menos contralorías, menos vehículos oficiales”, decía textualmente.
Al cabo de sus ocho años de gobierno, el parte oficial destacaba los ahorros que le representaba al país la idea de tener un “Estado más pequeño y eficiente”, la cual pasó por la eliminación de las carteras de Trabajo y Salud (fusionadas en la de Protección Social) y la de Justicia (integrada a la del Interior), para sólo citar unos ejemplos.
Hoy soplan otros vientos y el presidente Juan Manuel Santos tiene una idea diferente. Piensa en un Estado en el que existan los ministerios que su antecesor suprimió, aunque aclara que no se trata de crear burocracias innecesarias. Mucho menos de revivir las carteras tal cual eran antes de la administración Uribe. Lo que busca Santos, dicen los funcionarios encargados de dar vía jurídica a los entes nacidos con la reforma que hoy concluye, es crear unos ministerios que estén más a tono con la realidad del país y que le ayuden a activar las locomotoras con las que piensa conducir al país.
Y para ello el Presidente aclaró desde el inicio de su gobierno que no sólo se necesita revivir ministerios, sino modificar o suprimir algunas otras entidades.
Con ese objetivo fue que el Congreso le concedió en marzo facultades extraordinarias para reformar el Estado. El plazo para utilizarlas vence hoy y, aunque se esperan algunas modificaciones de último momento, el grueso de las reformas quedó listo ayer y será anunciado hoy mismo por la alta consejera para el Buen Gobierno, María Lorena Gutiérrez.
Para la última jornada con funciones especiales el gobierno tiene previsto expedir 70 decretos entre los cuales están el que reestructura la Agencia Nacional Minera y el que establece que el Sena queda adscrito al Ministerio del Trabajo. También el que deja en manos del Ministerio de Justicia el tema de los menores infractores (que hoy es del resorte del ICBF). Y en el mismo paquete serán presentadas algunas disposiciones que eliminan trámites inútiles.
Pero las reformas más grandes ya se hicieron.
Entre las entidades que desaparecieron como producto de la reforma al Estado figuran la Dirección de Estupefacientes y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dos de las más cuestionadas en los últimos años, como consecuencia de los escándalos por tráfico de influencias para la administración de bienes producto de extinción de dominio, la primera, y las interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas y dirigentes políticos de oposición durante la administración Uribe, la segunda.
No desaparecieron, pero fueron objeto de modificaciones, la Superintendencia de Notariado y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que ahora tendrá una división especializada en la custodia de los reclusos y otra en asuntos administrativos.
El nacimiento de la autoridad para licencias ambientales y la creación de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales son algunos de los cambios introducidos para fortalecer la política ambiental del país, mientras que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio renace robusto y con la misión de crear un millón de viviendas.
Entre las novedades del Ministerio de Justicia está la aparición del Viceministerio de Justicia Restaurativa, que será piedra angular para sellar los pasos dados hacia la superación del conflicto armado.
Y uno de los instrumentos más novedosos es la constitución de la Agencia Nacional para la Defensa del Estado, instrumento para defender a la Nación ante demandantes nacionales y extranjeros que hoy buscan más de mil billones de pesos con los litigios.
Son muchos los cambios y aún no se sabe cuánto puede valer la sola creación de los nuevos entes o la resurrección de los ministerios, tema por el que se preguntan en voz baja algunos miembros de la bancada de gobierno en el Congreso. Tal vez los costos no resulten tan relevantes a la hora de contrastarlos con el beneficio que las reformas traigan al país. Al fin y al cabo la democracia cuesta, como reza un viejo precepto de la ciencia política. Pese a ello, ya hay legisladores sacando cuentas para compararlas con los informes que presente hoy el Ejecutivo.
Nueva agencia de inteligencia
El pasado lunes el presidente Santos hizo oficial la liquidación del DAS (tras 58 años de funcionamiento) para dar vida a la nueva Agencia de Inteligencia del Estado, de carácter civil, adscrita a la Presidencia de la República y a cargo del almirante Álvaro Echandía, excomandante de la Armada. Las funciones de la Agencia serán exclusivamente de inteligencia y contrainteligencia. El control de migración pasa a cargo de la Cancillería y los antecedentes judiciales los asumiran las agencias estatales. De los casi cinco mil empleados del DAS, tres mil detectives pasarán al CTI de la Fiscalía; 800, a la Cancillería para labores de inmigración; 600 al Ministerio del Interior, para el trabajo de protección a personalidades, y 400 a la Policía. La liquidación y el traspaso de funciones del antiguo DAS se completará el 31 de diciembre.
Inpec da vida a dos organismos penitenciarios
La reforma al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) será la división del organismo en dos entidades: una especializada en la custodia de los reclusos y otra dedicada exclusivamente a los temas administrativos. El cambio busca optimizar las funciones y evitar corrupción. La división permitiría una especialización de la guardia. La Unidad Administrativa manejará sus propios recursos y ejercerá de manera descentralizada sus funciones.
Nace autoridad de licencias ambientales
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- es un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargará del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales. Es la encargada de velar porque los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental y para ello puede otorgar o negar las licencias de competencia del Ministerio de Ambiente.
Parques Nacionales
Con la creación de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (de autonomía administrativa y financiera) el Ejecutivo centralizará su funcionamiento, formulará los instrumentos para su planificación y otorgará permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas protegidas.
Ministerio de Vivienda
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue configurado para coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Es uno de los pilares de la administración Santos, que planea construir un millón de unidades y busca con urgencia destrabar el flujo de recursos para las viviendas de interés social.
Adiós a Estupefacientes
Los sucesivos escándalos de corrupción con bienes incautados a las mafias, en los que se vieron involucrados prestantes políticos, especialmente del Partido Conservador, llevaron al Gobierno a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes. La labor de liquidación fue encomendada a la fiduciaria La Previsora, que tiene un año para llevarla a cabo, contado a partir del 2 de septiembre.
Los defensores de la Nación
El Estado colombiano tiene hoy litigios por $1.028 billones –el doble del PIB- y para defender dichos intereses el Gobierno decidió crear Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad descantralizada del orden nacional con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. Su función será escoger en cuáles de todos esos litigios nacionales e internacionales defenderá al país y liderar dicha gestión.
Vuelve el Minjusticia
La resurrección del Ministerio de Justicia, que había desaparecido durante el gobierno de Álvaro Uribe, es otro de los puntos claves de la reforma del Estado. El nuevo ministerio tendrá como objetivo la política pública de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica y lucha contra la criminalidad. Cuenta, además, con los viceministerios de Promoción de la Justicia y Política Criminal y Justicia Restaurativa.
Riesgos profesionales
Con la creación del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales, el pasado 12 de agosto, el Gobierno quiere mejorar los resultados de la atención en salud ocupacional y riesgos profesionales. Según el Ejecutivo, el nuevo esquema tendrá un sistema de estándares mínimos, una auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención, un sistema de acreditación y uno de información para la calidad.
El nuevo Mintrabajo
El miércoles por la noche, mientras le daba instrucciones al aún no posesionado ministro de Trabajo, el presidente Juan Manuel Santos le aclaró que no está resucitando una cartera, sino creando otra más moderna y eficaz para dinamizar la generación de empleo en el país. El nuevo Mintrabajo deberá cumplir con la meta de 2,2 millones de plazas laborales y formalizar las que existen (la mitad de los 20 millones de trabajadores del país son informales). También tendrá que simplificar los trámites a las pymes, abordar el tema de los costos laborales de que tanto se quejan los empresarios, poner en marcha el seguro de desempleo y, especialmente, mantener en un dígito el desempleo, para con ello ayudar a reducir la pobreza a un 37%.
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