En la decisión judicial que también cobija al sargento (r) Gustavo Arévalo y al mayor (r) Fernando Blanco, se señala que existe una duda procesal en este caso, por lo que según la jurisprudencia ante esto se debe favorecer a la persona implicada en este hecho.
En este caso, la Fiscalía ya había pedido la absolución del general en retiro por la desaparición forzada de 11 personas, entre las que se encontraban ocho rabajadores de la cafetería el Palacio y tres visitantes ocasionales,al señalar que no había certeza de la participación de los investigados participación en lo ocurrido.
Sin embargo, el fiscal del caso pidió que se le condenase por la desaparición de la guerrillera Irma Franco, al considerar que existían pruebas documentales y testimoniales que permitían inferir que la insurgente había sido trasladada del Palacio de Justicia a las insltalaciones del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia para someterla a interrogatorios y torturas.
En su momento, la Fiscalía revivió varios testimonios, entre ellos los de los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, que señalaron haber sido conducidos alCoici en la época de los hechos, aún cuando en las minutas de guardia no fue reportada la captura de estos ni de otros sospechosos.
Ambos resultaron ser estudiantes derecho de la Universidad Externado de Colombiaque, aparentemente, fueron sometidos a un sinnúmero de torturas, pero que fueron puestos en libertad una vez se comprobaron sus identidades.
Los testimonios que frente a entes de control han ofrecidos ex agentes del Coici comoBernardo Garzón Garzón y Ricardo Gámez Mazuera retratan cómo, aparentemente, el organismo se encargaba de seguir irregularmente a varias personalidades, muchas de ellasretenidas ilegalmente y que habrían terminado siendo desaparecidas.
Gámez Mazuera entregó un informe a la Procuraduría en 1989, antes de de desertar de la fuerza castrense, en el que advierte persecuciones que desde allí se adelantaban en contra de personalidades como el abogado de las víctimas, Eduardo Umaña Mendoza,asesinado años después, y hasta el escritor Manuel Zapata Olivella; sin embargo, el documento fue desestimado como prueba por parte del entonces jefe del Ministerio Público, Alfonso Gómez Méndez.
Garzón Garzón también dio cuenta de la supuesta desaparición de varios militantes de las hoy desmovilizadas fuerzas insurgentes del EPL y el M-19, entre ellos la activista Nidia Érika Bautista; todos protagonizados por el Coici, otrora denominado como elBatallón Charry Solano y terminó siendo bautizado como la Brigada XX.
En agosto pasado un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos le solicitó a la Dijín de la Policía que solicitara la expedición de una circular roja por parte de la Interpol, debido a la creciente necesidad que Sargento (r) esclareciera las supuestasviolaciones a derechos humanos cometidas por el Coici.
Entre tanto, el defensor del General (r) Quintero, John Fernando Vásquez, insiste en que su cliente ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos durante la retoma del Palacio de Justicia y alega que los testimonios que supuestamente lo incriminan en lasdesapariciones o bien se muestran inconsistentes o no han sido acopiados dentro del juicio.
Señala que la declaración de testigos como Édgar Villamizar nisiquiera corresponden en su identificación, pues figura en el expediente como Édgar Villareal, por cuanto se ha puesto en duda su existencia.
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