Según este primer reporte, de las entidades territoriales solo el 11% ha atendido la circular que les pide relacionar el número de contratos de prestación de servicios vigentes, su objeto, duración y fuentes de financiación.
Con respecto a los planes de acción para evitar el abuso de las llamadas OPS (órdenes de prestación de servicios), según el reporte, el 44% de las entidades del orden nacional ya lo entregó a la Función Pública y de las territoriales solamente el 8% ya lo hizo, dice el comunicado de prensa del ministerio de Trabajo.
El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, dijo que el Gobierno ha entendido que las entidades territoriales afrontan una importante coyuntura por el cambio de gobiernos locales, y por esa razón tomó la decisión de ampliar el plazo para presentar los reportes y los planes de acción para reducir el uso de las OPS.
“Hemos prorrogado hasta el 27 de enero la posibilidad de entregar informes y presentar planes de acción concretos y esperamos que para finales de marzo podamos empezar a tomar las decisiones y definir las acciones normativas para adaptar esta realidad, que hoy es generalizada, a que sea una actividad excepcional y plenamente justificada”, aseguró el ministro, Rafael Pardo.
El jefe de la cartera de Trabajo recordó, que por ley el contrato de prestación de servicios “es una modalidad de vinculación con el Estado de tipo excepcional, que se justifica constitucionalmente si es concebida como un instrumento para atender funciones ocasionales, que son aquellas que no hacen parte del “giro ordinario” de las labores encomendadas a la entidad, o que, siendo parte de ellas, no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieren de conocimientos especializados; vinculación que en ningún caso debe conllevar subordinación”.
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