Para Gustavo Petro, el alcalde electo de Bogotá, la semana transcurrió entre los medios de comunicación y su cuenta en la red social Twitter.
En los primeros expresó su proyecto (consignado en el plan de gobierno que aplicará desde enero en la capital) de crear en la ciudad un conglomerado de servicios públicos, un gigante que integre a la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y el Acueducto, en un modelo similar al que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) han aplicado con éxito.
Idea que el futuro gobernante se dedicó a defender a capa y espada en el mundo virtual, pues su anuncio no sólo despertó las críticas de los internautas sino que generó un auténtico colapso en el mercado bursátil: esta semana, la acción de la EEB bajó 16,66% en el mercado bursátil local, costándoles a sus inversionistas $1,8 billones.
El efecto llegó a tal punto que la Superintendencia Financiera suspendió, el miércoles pasado, la cotización del título por tres días para impedir que el pánico originara el desplome de la acción, tal como sucede cuando cualquier acción tiene un coportamiento anómalo.
En su defensa, Petro aseguró que el modelo que propone fortalecerá las operaciones de las tres empresas distritales, y también criticó los procesos que condujeron, en su concepto, a un detrimento patrimonial de la EEB: “Lo que más me preocupa, es que por decisiones no publicitadas se diluyó un 5% de propiedad de los bogotanos”, refiriéndose a la reciente emisión de acciones con que la compañía ingresó $772.226 millones. Incluso, en su respuesta a una de las críticas por el elevado costo que tuvieron que asumir los accionistas por sus declaraciones, el futuro gobernante aseguró que las pérdidas desde el pasado 27 de abril son mucho más abultadas y preocupantes.
El punto en el argumento de Petro es que entre esa fecha y el miércoles pasado, cuando se suspendió su cotización, el precio de cierre de la acción de la EEB pasó de $172.020 a $1.050. Pero hay que hacer una aclaración, el 21 de junio, en un esfuerzo por buscar más liquidez, la empresa fraccionó cada una de sus acciones en 100; ya con el valor ajustado, en poco más de siete meses el título perdió $670, alrededor de 30%.
Puede que la cifra no diga mucho, pero otra cosa piensan los accionistas (en especial el Distrito, con una propiedad del 87%), que han visto $5,74 billones desvanecerse en ese lapso de tiempo.
Para los especialistas del mercado, esta pérdida de valor tiene dos explicaciones claras: por una parte, el precio del título se reajustó a $1.300 con la emisión para que nuevos inversionistas se hicieran con un paquete; y, por otra, al pesimismo generalizado en las bolsas del mundo por la crítica situación fiscal de Europa.
“La caída fue paulatina, y no en los niveles cercanos al 20% que vemos hoy. A todas luces fue una declaración irresponsable. Los funcionarios deben ceñirse a las reglas de gobierno corporativo del emisor”, sostiene Andrés Ortiz, vicepresidente ejecutivo de la firma comisionista de bolsa Global Securities.






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