Reemplazar Comisión de Acusaciones costaría más de $4.200 millones

Dentro de la reforma a la justicia aprobada la madrugada de este viernes en la Cámara de Representantes en tercer de ocho debates, se incluyó la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La idea es que se pase a la creación de la ‘comisión especial de instrucción’, que será un tribunal de la talla de la Corte Suprema de Justicia. Ésta sería integrada por juristas que tengan altas calidades, elegidos por la Cámara pero previo concurso de meritos para que sean los mejores juristas de Colombia.
Frente a esa iniciativa, el representante Alfredo Bocanegra Varón, quien pertenece a la permanentemente cuestionada comisión, advirtió que ese tribunal o comisión especializada, le traería altos costos al país.
El legislador tolimense señaló que esa comisión le valdría al Estado más de $4.200 millones para manejar apenas 900 procesos que hoy están en trámite en el Congreso.
“¿Cuántos jueces de la República pagaremos por esos procesos?”, se preguntó Bocanegra para expresar su negativa a esa posibilidad.
Por eso, pidió que quede en manos del Congreso la competencia exclusiva en materia política de los procesos en contra de los aforados y los delitos penales que pasen a la Corte Suprema de Justicia.
“Lo que nos hizo daño en la comisión de Acusaciones fue tratar de jugar a ser jueces sin tener competencias o facultades para privar de la libertad, para suspender o cualquier facultad judicial; eso era prácticamente un hibrido”, manifestó.
Y explicó: “si cometió un aforado un delito que pase directamente el proceso penal a la Corte Suprema de Justicia (…) si es el presidente de la República se podría aplicar una suspensión de causa para que mientras sea Jefe de Estado, no vaya a una corte pero una vez deje el cargo que acuda a las autoridades”.
El jueves el representante Alfonso Prada Gil dijo que en un acto de “contrición” la Cámara “reconoció la vergüenza que ha significado la inoperatividad, ineficiencia e inefectividad de la comisión de Acusaciones”.
“Durante más de 100 años la comisión ha existido sin que produzca resultados para los colombianos porque se han creado condiciones de impunidad para los aforados”, explicó.
Por eso, ahora la decisión final sobre la comisión de Acusaciones quedará en manos del pleno de la Cámara que antes del 16 de diciembre debe aprobar la reforma en su cuatro de ocho debates para no hundir por falta de trámite la reforma a la justicia.

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