Calidad, primera infancia, brechas, pertinencia e innovación y modelo de gestión, son las cinco tareas que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, encargó a los 94 secretarios de educación que permanecerán reunidos en Bogotá hasta el próximo 25 de enero.
El encuentro con los funcionarios, que sirve para armonizar las estrategias de educación trazadas a nivel nacional con las necesidades y metas locales, fue aprovechado por la ministra para insistir en que “el gran reto que tenemos como país es el de mejorar la calidad de educación y cerrar las brechas de inequidad".
Colombia, en las últimas tres décadas, vivió una transformación histórica en sus escuelas y colegios. La asistencia a la educación primaria creció de manera significativa, pasando de una cobertura bruta del 43% hacia el año 1951 al 97% en 1980. Algo similar ocurrió con la educación media que alcanzó en la última década porcentajes similares.
Esas buenas noticias siempre han estado opacadas por la todavía pobre calidad de la educación que se imparte en el país. Los resultados de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA, una evaluación internacional en la que en su última versión participaron 65 países, demuestra esa realidad: el 47% no logran el nivel mínimo de desempeño en lectura y el 71% no lo alcanza en matemáticas.
La ministra Campo presentó a los secretarios el Programa de Transformación de la Calidad Educativa. Se trata de una iniciativa focalizada en los 3.000 establecimientos más pobres del país, los cuales recibirán un acompañamiento especial para mejorar su nivel de calidad.
La evaluación fue otro de los retos abordados durante el encuentro. Campo señaló que "vamos a mejorar los sistemas de evaluación de los estudiantes. A partir de 2012, se tendrán nuevas pruebas para aplicar todos los años a los estudiantes en los grados 3º, 5º, 9º y 11".
A la par con los programas educativos, la ministra advirtió a los secretarios de educación que continuarán las auditorías a los sistemas de matrículas para evitar que se sigan apropiando recursos de forma ilegal. Hace dos meses, una revisión adelantada en varios municipios del país se detectó un 'faltante' de 180 mil niños que recibían subsidios. El desfalco al sistema se calculó en $200.000 millones.






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