Una de las iniciativas de trámite prioritario en el Congreso de la República para la próxima legislatura será el Código Electoral, con el cual el Gobierno pretende poner orden a los vacíos jurídicos que existen al respecto. Uno de los capítulos tiene que ver con la figura del registro electoral, que reemplazaría al censo electoral, y desde ya está abierta la polémica por la posibilidad de que las autoridades empleen este registro para sus labores investigativas.
De ser así, se estaría dando vida a la criticada figura del empadronamiento, propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe en su fallido estatuto antiterrorista de 2003, que tumbó la Corte Constitucional. Dicha figura consiste en que todos los ciudadanos deberían tener un registro domiciliario e informativo, lo que en su momento fue calificado como una violación a los derechos fundamentales de la intimidad y la libertad. La idea de Uribe era autorizar el censo de poblaciones que se encontraban en zonas afectadas por la violencia para facilitar a las autoridades el control de infiltrados y evitar la operación de grupos de apoyo urbano a la guerrilla o los paramilitares. Algo similar a lo que podría suceder con el registro electoral.
El mismo ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien fuera ponente del estatuto antiterrorista en el Congreso, había reconocido a El Espectador la posibilidad de que estos datos fueran empleados por autoridades diferentes a las electorales, al manifestar que “el registro electoral, que se mantendrá actualizado, tiene como fin evitar el transfuguismo, pero también es una información que puede ser tenida en cuenta para otros propósitos. Esta es un figura que permitiría a las autoridades ejercer un mejor control”.
No obstante, el ministro sostiene que la intención es acabar con la trashumancia electoral y esto no está relacionado con tareas de inteligencia. “El censo electoral se viene utilizando con muchos propósitos, en relación con medicina prepagada, con el Sisbén, y qué bueno es tener un registro actualizado y veraz para muchos aspectos. Pierdan cuidado quienes anticipadamente creen que esto tiene un fin relacionado con tareas de inteligencia”, afirmó.
Agrega el ministro que “lo que se pretende es que cualquier persona pueda inscribirse en el lugar en donde reside, en cualquier momento, indicando y señalando cuál es su lugar de residencia o de domicilio principal”. Además de esos datos, señala el proyecto presentado en el Congreso, en el artículo 13, que se obtendrán los siguientes datos: “Los nombres, apellidos de los ciudadanos, fecha y lugar de nacimiento, tipo sanguíneo, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, lugar de residencia permanente, el número de cédula de ciudadanía, número de pasaporte, día de la muerte y lugar, pérdida o suspensión de los derechos políticos”.
El debate está abierto, y aunque es claro que la intención de fondo del Gobierno es organizar los vacíos electorales, evitar los fraudes y el trasteo de votos, también esa información puede ser empleada, de acuerdo con el texto, para investigaciones judiciales.
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