Campo Soto, quien no aceptó el delito de celebración indebida de contratos, fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá, mientras espera el inicio de proceso por las irregularidades en la entrega de multimillonarios contratos del polémico programa del Ministerio de Agricultura.
Según la Fiscalía, Campo Soto habría firmado contratos por un valor de 10 mil millones de pesos en los programas de ciencia y tecnología en subsidios de riego y drenaje del polémico programa.
Durante la diligencia judicial, el fiscal anticorrupción señaló que el exfuncionario contrató de manera directa “violando los principios de transparencia y convencería que exige la ley”.
“El doctor Campo Soto incumplió los elementos legales que se exigen para los convenios de la contratación y del presupuesto”, precisó el fiscal del caso durante la diligencia judicial que duró más de 10 horas.
Por estos hechos, el 11 de julio de 2011 la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos.
Otros imputados
Julio Cesar Daza, Daniel Montoya y Jairo Cano, también implicados en el escándalo, no se hicieron presentes a la audiencia, hecho por el cual la Fiscalía reprogramó la diligencia para el próximo 21 de marzo.
En el caso de Gómez Díaz, quien se desempeñó como gerente del programa de Agro Ingreso Seguro, presentó una excusa en el centro de servicios judiciales de Paloquemao señalando que su abogado de confianza no pudo presentarse puesto que fue notificado con dos días de anticipación y ya tenía compromisos programados para esta fecha.
“En las dos oportunidades anteriores en que fui citado a audiencia de imputación, los días 28 de junio y 31 de agosto de 2011, estuve dispuesto a comparecer en cumplimiento de mi deber como ciudadano de bien, pero por decisión expresa de la Fiscalía General, no por causas atribuibles a mí o a mi defensor, las citadas diligencias no fueron llevadas a Cabo”, precisa en la carta.
Al inicio de la audiencia, el fiscal señaló que de no presentarse ninguno de los cuatro implicados, se le solicitará al juez de garantías que sean procesados como personas ausentes.
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