“La clínica tuvo que dar por terminado el contrato con ellos, porque realmente es muy crítica la situación. Les debemos a los empleados. Estamos a punto de acumular dos meses de salario”, dice Palacio, y además explica cómo se dio el proceso. En diciembre la clínica le envió una carta a SaludCoop en la que le decía que si al 31 de enero no habían iniciado un proceso de negociación para acordar las condiciones en las que se pagaría la millonaria deuda, la institución iba a dar por terminado unilateralmente el contrato. “Nunca nos respondieron”, dice el doctor Palacio.
Ocho días antes de que se cumpliera ese plazo, la Clínica San Rafael envió una nueva carta. Les recordaron que de no tomarse acciones inmediatas, el 31 de enero se suspendería el servicio. Tampoco respondieron, cuenta Palacio, entonces cumplieron su palabra. Según él, las consecuencias de este hecho son muy graves para la comunidad: explica que San Rafael es la clínica privada del sur de Bogotá de mayor nivel de complejidad. Asegura que diariamente tenían en hospitalización a cerca de 120 pacientes de SaludCoop.
Palacio se queja de que los responsables de esta EPS “no han manifestado intención de negociar”. Y dice que esta misma situación se está replicando en muchas otras IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) del país. Para dar un ejemplo más, afirma que la deuda de SaludCoop con todas las instituciones y servicios que hacen parte de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (a la que también pertenece la Clínica San Rafael) es de $20.000 millones.
Así como lo dijo Palacio, otras IPS y proveedores están atravesando por esta misma situación. Sus testimonios son muy parecidos: “se adquirieron unos compromisos de pago que no se cumplieron”, “sí ha habido unos pagos, pero han sido muy inferiores a los compromisos que se habían hecho”. Sin embargo pocos se atreven a dar la cara y a denunciar con nombre propio este hecho porque, según sus propias palabras, temen represalias. El Espectador habló con dos de estas instituciones, que pidieron no revelar su identidad.
En el caso de la Clínica San Rafael, que es una institución grande y sólida, sólo el 25% de sus ingresos dependen del grupo SaludCoop. Pero hay otras instituciones más pequeñas que dependen casi en un 80% de esta EPS y para ellas la falta de pago es un asunto de supervivencia.
Los voceros de SaludCoop, que para este caso son los mismos miembros del grupo interventor que fue creado y avalado por el mismo Gobierno (a través de la Superintendencia de Salud), han guardado silencio frente a estos señalamientos. Aseguran que en unos días convocarán a una rueda de prensa para explicarles a los medios de comunicación, paso a paso, qué ha sucedido en estos diez meses de intervención. Por ahora, ni una palabra.
No hablaron tampoco hace una semana, cuando el sindicato de trabajadores de la institución denunció que desde que la EPS fue intervenida las pérdidas económicas han sido millonarias, lo que amenazaba la estabilidad de sus 32 mil trabajadores y sus familias. Para ser exactos, el sindicato asegura que en el total de las EPS del grupo (SaludCoop, Cafesalud y Cruz Blanca) las pérdidas aproximadas en 2011 fueron de $83.065 millones.
Las denuncias del sindicato (Unitracoop) fueron más allá. El lunes pasado, acompañados del presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, se reunieron por espacio de una hora con el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Su objetivo era exponerle los argumentos de los que se están valiendo para asegurar que están atravesando por una crisis de gobernabilidad en SaludCoop. Una crisis que según ellos consta de “acoso laboral y persecución sindical, creación de nómina paralela, nombramientos arbitrarios con salarios exagerados”, entre otras denuncias.
En esa reunión salieron a relucir cifras como éstas: el grupo SaludCoop tiene contrato con cerca de 3.000 IPS (como la Clínica San Rafael) y si se cuentan otros servicios, ese número asciende a 5.000 proveedores. Según el documento presentado frente al ministro, las cuentas por pagar del grupo con todos ellos llegaron a $576.036 millones en diciembre del año pasado (para mayo, cuando sucedió la intervención, esa cifra era de $462.257 millones). Aseguran también que gracias a las 35 empresas que pertenecen a SaludCoop, y a sus 5.000 proveedores externos, cerca de 1’500.000 personas tienen empleo. Hicieron especial énfasis en esto porque, según ellos, de seguir a este ritmo, SaludCoop iría a la quiebra absoluta, y si eso sucediera, un millón y medio de colombianos se verían impactados.
Y un último dato del informe de Unitracoop: los incidentes de desacato contra SaludCoop, por la negación de servicios, aumentaron 144% entre 2010 y 2011, pasando de 2.350 a 5.733. Este indicador le sirvió al sindicato para argumentar que tanto en sus finanzas, como en la calidad de los servicios, SaludCoop viene en picada. Esa es su tesis.
Otra cosa ha dicho el superintendente Conrado Gómez, quien en noviembre pasado declaró que los ingresos operacionales de la EPS durante la intervención aumentaron 5%, pasando de $792 mil millones en el período de junio a septiembre de 2010, a $831 mil millones en el mismo lapso de 2011. Resaltó además que desde su intervención cerca de 120 mil personas se han afiliado a la EPS argumentando “un excelente servicio”.
Sobre la millonaria deuda del grupo con sus proveedores, Claudia Patricia López, integrante del sindicato, asegura que “hemos recibido muchas solicitudes de los prestadores de servicio pidiendo que SaludCoop les dé la cara. Muchas de esas IPS dependen casi en un 100% del grupo y necesitan una respuesta. Por ejemplo, en enero, según la información que hemos recibido, SaludCoop no hizo ningún pago”.
El Espectador conoció que esta semana el nuevo interventor del grupo, el abogado Mauricio Castro Forero, se reunirá con algunos de sus proveedores. Lo que resulte de esos encuentros lo dirá el mismo interventor cuando convoque a aquella rueda de prensa que ya está cantada.
Cronología
2011
Mayo 12
La Superintendencia de Salud ordena la “posesión e intervención forzosa y administrativa” del grupo SaludCoop. El ente explica que la decisión se tomó luego de una visita de inspección realizada a las EPS, en la que se hallaron “situaciones administrativas y financieras” irregulares.
2011
Noviembre 1°
El juez 38 civil de Bogotá ordena devolver “en las próximas 48 horas” la empresa prestadora de salud SaludCoop a sus dueños originales y asociados. Las directivas de la empresa habían interpuesto esta acción judicial argumentando violación al debido proceso.
2011
Noviembre 17
El Tribunal Superior de Bogotá anula la decisión, lo que permite que se reanude el proceso de intervención a la EPS que estuvo parado durante 15 días, tiempo en el que sus dueños nombraron a la vicepresidenta administrativa de la entidad, Carolina Lamus Becerra, como presidenta temporal de la EPS.
2012
Febrero 15
El Sindicato de Trabajadores de SaludCoop (Unitracoop) denuncia que desde su intervención los indicadores financieros y de calidad de la entidad han disminuido radicalmente. Aseguran que las pérdidas del grupo el año pasado llegaron a $6’128.823. Los interventores no se pronuncian.
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