De nuevo, como en los peores tiempos del narcoterrorismo del cartel de Medellín, tres bombazos volvieron a regar la semilla del pánico en el suroccidente del país. Con un balance negro: 18 muertos y casi un centenar de heridos entre civiles y policías en menos de 24 horas. Al aleve atentado del martes pasado en Tumaco (Nariño), que segó las vidas de 11 personas, se sumaron los ataques en Cajamarca (Tolima) y Villa Rica (Cauca), todos atribuidos a la guerrilla de las Farc. En los dos últimos perecieron siete personas, incluido un niño de 13 años.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le puso perspectiva a esta violencia. Dijo, sin mayores rodeos, que los grupos ilegales buscan garantizar el control sobre la ruta del narcotráfico en Colombia. En los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño hace presencia el bloque Occidental de las Farc, al mando de Pablo Catatumbo, con 1.900 hombres repartidos en nueve columnas móviles, ocho frentes y cinco compañías. Un aparato de guerra que con los años ha venido afianzando su poder territorial y constituye el ‘oxígeno’ de la guerrilla en sus finanzas.
Sin embargo, también operan bandas criminales como ‘Los Rastrojos’, ‘Los Machos’, el grupo ‘Renacer’ y ‘Los Urabeños’, que no son otra cosa distinta que paramilitares de los bloques Calima, Élmer Cárdenas o Héroes de Tolova que terminaron desdoblando sus estructuras mafiosas, generando alianzas y acercando sus ejércitos privados a las Farc para garantizar el negocio redondo de la droga. Sobre ese contexto es que las autoridades analizan este rebrote de violencia, que este jueves, entre otros, cobró la vida del comandante de Policía de Villa Rica, sargento Guido Cifuentes.
Ante un panorama tan crítico, el presidente Santos ofreció millonarias recompensas por los llamados cabecillas de las Farc que el Gobierno responsabiliza de estos cruentos ataques a la población civil. Se trata de alias Rambo, Oliver, El Doctor y Rincón. Por información que permita la captura de los tres últimos se ofrecen hasta $400 millones por cada uno. En el caso de Rambo, esa cifra se triplica. “Los tenemos ubicados y vamos por ellos”, fue la sentencia que ayer pronunció el jefe de Estado al final de un consejo de seguridad en Tumaco.
Santos anunció desde allí la intervención de 2.800 integrantes más de la Fuerza Pública para contener a estos grupos ilegales y la creación de un grupo élite del Gaula para combatir la extorsión. Además, les pidió a las Farc que cesen “ese doble juego” con el país. “Ellos han ofrecido como gesto de paz la liberación de los secuestrados. Que lo hagan. Por supuesto, por razones humanitarias, nosotros estamos listos a facilitar. Pero que no sean hipócritas, que no hablen de paz por un lado y cometan actos terroristas por el otro”, señaló con vehemencia el primer mandatario.
El ministro Pinzón añadió: “Las Farc mataron otra vez en un acto de terrorismo a civiles”. El vicepresidente Angelino Garzón condenó los ataques y agregó que el terrorismo jamás doblegará al Estado. Este jueves los heridos del carro bomba en Villa Rica tuvieron que ser trasladados a clínicas y hospitales de Puerto Tejada, Jamundí y Cali. En el caso del crimen contra el comandante de la Estación de Policía del municipio caucano, se sabe que al sargento Cifuentes, quien ingresó hace 18 años a la entidad, le sobreviven tres hijas.
El escenario que hoy enfrentan las autoridades no es nada fácil. Ni la llamada ‘Operación Troya Pacífico’ ni la creación de una nueva base naval para esa región han logrado recuperar la paz en el Pacífico colombiano. La guerra parece no tener tregua en las últimas semanas. De nuevo la Fuerza Pública fue puesta en jaque y la gobernabilidad de los mandatarios locales confrontada.
Frente al ataque en Tumaco, el general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana, explicó que hubo fallas de seguridad alrededor de la Estación de Policía, lo que facilitó la acción delincuencial. “Esto fue una acción conjunta entre la columna móvil Daniel Aldana de las Farc y bandas criminales, como ‘Los Rastrojos’, para proteger la operación de narcotráfico”, insistió el alto oficial. En el caso de Villa Rica la responsabilidad de la guerrilla está más que probada, al decir del Ejecutivo.
Para Ariel Ávila, analista de la Corporación Arco Iris, lo que ocurre en el Pacífico colombiano es una guerra por el dominio de la región, que cumple muchos años. Esto, por ser una zona estratégica para el negocio del tráfico de cocaína, de armas y el lavado de activos. En esa región fronteriza, además, se mueve la minería ilegal que extrae oro con destino al comercio de Ecuador, para luego lavar dinero.
Una especie de sino trágico persigue una vez más a Nariño y al Cauca. El gobierno de Juan Manuel Santos busca salidas cuanto antes para frenar esta arremetida terrorista y recuperar de una buena vez el control de esta conflictiva región de Colombia







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