Según Granados, es falso que después de conocer la decisión del Consejo de Estado sobre la nulidad en la elección de la fiscal General, Viviane Morales, se vaya a buscar el quiebre de las decisiones que tomó la jefe del ente investigador durante sus 14 meses de gestión, entre ellas la imputación y acusación contra el exfuncionario por tres delitos por su presunta participación en las ordenes que terminaron con los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas, congresistas de oposición y defensores de derechos humanos.
“Consideramos que las decisiones de la Fiscal General son legitimas y fueron actuadas en derecho. Sería una falta de respeto para el país y para la profesión solicitar la nulidad del proceso”, precisó el jurista aclarando que será en el juicio que se reanuda el próximo 4 de mayo que mediante pruebas y testigos demostrará la inocencia de su cliente quien se encuentra desde agosto pasado con medida de aseguramiento.
Y es que en últimos días, al conocer la nulidad de la elección de Viviane Morales, se presentó un serio debate sobre presuntos vicios jurídicos en las decisiones que tomó como Fiscal General, sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia ha sido clara en manifestar que dichos procesos gozan de legalidad.
“Los actos administrativos de la fiscal Morales gozan de la presunción de acierto y legalidad”, explicó el presidente del alto tribunal, Javier Zapata ante las preguntas sobre una posible avalancha de recursos jurídicos por parte de los abogaos de los implicados en los casos en los que la misma fiscal imputó cargos y presentó el escrito de acusación.
Moreno es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, los dos primeros en calidad de autor.
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