Las entidades públicas que desarrollan obras de infraestructura deberán reutilizar escombros en un porcentaje no inferior al 10 por ciento del total de metros cuadrados a construir anualmente. Estos residuos deberán provenir de las etapas constructivas, de desmantelamiento y de los centros de tratamiento y aprovechamiento.
Para las constructoras privadas que desarrollen obras de construcción de carácter multifamiliar el porcentaje será del 5 por ciento.
Cada año estos porcentajes serán incrementados en cinco unidades hasta alcanzar un 25 por ciento. Es decir que para 2013 las entidades públicas deberán reutilizar 15 por ciento de escombros y las privadas 10 por ciento.
Aquellas empresas o compañías que no cumplan con estas obligaciones ambientales podrían ser castigadas con multas diarias de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes, además del cierre temporal o definitivo del establecimiento.
La Resolución también pretende promover el uso de los centros de aprovechamiento, fijos o móviles, donde se tratarán los residuos de construcción y demolición para crear productos comerciales.
Estos espacios deben ubicarse prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, y que no presenten riesgo para la comunidad. De esta manera será posible prolongar la vida útil de los escombros y disminuir los impactos ambientales generados por la extracción de materiales de construcción.
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