En estos momentos se están haciendo la individualización de cada caso por el presunto detrimento patrimonial, el cual según algunos investigadores alcanza un monto de 90 mil millones de pesos.
“Estos casos han generado una alarma social pues están muy identificados, los correctivos judiciales”, precisó el presidente del alto tribunal al considerar que estos señalamientos han afectado seriamente el nombre y labor de los magistrados y sus decisiones.
El magistrado Gómez aclaró que si se descubren irregularidades se tomarán las medidas necesarias con el fin de establecer las faltas disciplinarias o qué personas incurrieron en conductas reprochables.
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