El otro fuero en reforma a la justicia

Paralelamente a la discusión acerca de si eliminar o no el fuero penal militar de la reforma a la justicia, algunos congresistas estarían tramitando su propio ‘fuero’. Según un análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE), les darían la vuelta a situaciones tan importantes como el conflicto de intereses y lograrían que el procurador ya no aplique el Código Disciplinario Único a la hora de sancionarlos, sino un régimen especial con modificación de la Ley Quinta.
El cambio al artículo 277, de las funciones del procurador, le asigna a éste expresamente la vigilancia de la conducta de los congresistas, pero ya no aplicando el Código Disciplinario Único, sino la Ley Quinta o reglamento del Congreso.
Con la aplicación del Código Único Disciplinario el procurador ha sancionado a 18 congresistas: Amparo Arbeláez, Germán Olano, Iván Moreno, Piedad Córdoba, Alirio Villamizar, Dieb Maloof Cuse, Luis Alberto Gil, Álvaro García, Luis Eduardo Vives Lacouture, Jorge Luis Caballero Caballero, Salomón de Jesús Saade Nader, José Rosario Gamarra Sierra, Alfonso Campo Escobar, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella, Manuel Julián Mazeneth y Jensy Acosta. Y son precisamente esas sanciones las que pretenderían evadir los parlamentarios.
“En adelante, el procurador va a poder destituir, pero no con código disciplinario, sino como digan los congresistas que se va a aplicar la Ley Quinta. Y no van a tener conflicto de intereses aprobándolo, independientemente del número de investigaciones que tengan”, le dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE a El Espectador.
Lo que más llama la atención es que aunque los parlamentarios estarían legislando en causa propia, pueden hacerlo porque el año pasado, a través del acto legislativo 01 de 2011, ellos decidieron que el conflicto de intereses no tendrá aplicación para la participación en el debate y la votación de proyectos de actos legislativos. Y en la reforma a la justicia ampliarían tal libertad a las leyes que se requieran para la implementación de dicha iniciativa.
Como si esto no fuera suficiente, los legisladores también se estarían blindando frente a las investigaciones del Consejo de Estado, que actualmente constata una violación al conflicto de intereses, analiza el régimen de inhabilidades e inmediatamente decreta la pérdida de investidura.
La propuesta es que en adelante el Consejo de Estado pruebe si hay dolo o culpa en la violación al conflicto de intereses o cualquier otra falta y, dependiendo de lo que la ley establezca, entraría a aplicar la pérdida de investidura.
Para la MOE, en principio dicha modificación sería vista con buenos ojos, pero la propuesta se complica cuando se prohíbe el régimen de responsabilidad objetiva y en aplicación de la sanción se debe atender el principio de proporcionalidad.
Es decir, según el principio de proporcionalidad, la sanción estará de acuerdo con la gravedad de la falta. En la actualidad la ley establece que la única sanción prevista es la pérdida de investidura, pero los congresistas quieren agregarle que esto sea gradual.
Esto genera muchas dudas a juicio de la MOE, pues a la hora de la aplicación, al parecer se estarían protegiendo de una eventual pérdida de investidura.
El acuerdo no está firmado
Aunque existen versiones sobre un presunto acuerdo para eliminar de la reforma a la justicia el artículo que fortalece el fuero militar, el senador Juan Carlos Vélez afirmó que el único convenio existente es el de salvaguardar las Fuerzas Militares. Frente al polémico artículo dijo que espera que su retiro se decida por votación y, si los partidos de la U y Conservador continúan con sus postulados, son nueve los parlamentarios que mantendrán el artículo y así estaría casi confirmado que el fortalecimiento al fuero seguiría con vida en la reforma.

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