Según el representante del Ministerio Público, las pruebas recaudadas a lo largo de los 18 meses, se pudo demostrar que el exrepresentante a la Cámara por Bogotá solicitó más de 3.500 millones de pesos al Grupo Nule con el fin de interferir ante el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Contraloría Distrital para la entrega de contratos viales en la capital de la República.
En este sentido, manifestó Brito, Olano se habría comprometido con los contatistas con el fin para "hablar" con el entonces contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi y la directora del IDU, Liliana Pardo, con el fin de que le quitaran las trabas y accedieran a enregarles los multimillonarios contratos entre los qeu se encontraba un tramo de la tercera fase de Transmilenio, la reparación de la malla vial y la valorización.
Para el representante de la Procuraduría General, Olano habría gestionado asuntos económicos ante entidades públicas, en este caso el IDU y la Contraloría, con el fin de beneficiar a un grupo de empresarios. Prueba de ello, la grabación realizada por Miguel Nule y Mauricio Galofre en la que “el excongresista les exige el pago de 1.700 millones de pesos” con el fin de ayudarlos en la entrega de los contratos ante esos dos organismos.
“Todo se relaciona con el llamado grupo Nule, estamos en este evento y todo tiene mucha relaciona con la corrupción y con el denominado carrusel de la contratación de Bogotá, uno de los hechos de más corrupción que se han presentado en los últimos años y aparece vinculado Germán Olano”, precisó el procurador Brito.
Renuncia de su abogado
En el marco de la diligencia judicial, el abogado Gustavo Moreno, presentó su renuncia definitiva para seguir defendiendo a Olano al considerar que no cuenta con las garantías procesales ni jurídicas para hacer su exposición, puesto que no conoce en su totalidad el expediente y las pruebas recolectadas contra su cliente.
En este sentido cuestionó la decisión del Consejo de Estado de rechazar la solicitud para declarar el aplazamiento del proceso judicial. “Aquí se le están violando los derechos procesales al doctor Olano, por esto presentó mi renuncia irrevocable”.
Sin embargo, pese a que los magistrados del Consejo de Estado le aceptaron su renuncia, rechazaron aplazar la diligencia judicial, puesto que la ley indica que deben pasar cinco días desde la notificación en estrados judiciales para hacerse efectiva cualquier solicitud.
“Por ser grosero e irrespetuoso se le compulsan copias al Consejo Superior de la Judicatura”, precisó la magistrada ponente del caso.
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