El proyecto de ley de vivienda prioritaria, con el cual el gobierno Santos pretende entregar 100 mil viviendas gratis a los más pobres del país, pasó su primer examen en el Congreso de la República al ser aprobado esta semana en sesiones conjuntas de las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara. “Un paso fundamental”, dijo el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, pero que, al mismo tiempo, destapó las cartas sobre un asunto en el que aún existen muchas dudas entre la ciudadanía y que ahora los opositores al Gobierno quieren tomar como bandera en el Legislativo: ¿Serán de verdad casas gratis?
Para los críticos de la iniciativa, lo que está haciendo el Gobierno es lanzando un salvavidas para mejorar los indicadores de una política en la que las cifras demuestran que ha sido completamente ineficaz. De acuerdo con el Plan de Desarrollo, la meta, en los cuatro años del mandato del presidente Juan Manuel Santos, era hacer efectivos más de 500.000 subsidios de vivienda. Hasta el momento sólo han sido entregados 17.000.
Según el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo, el articulado de la ley no habla con claridad de viviendas gratis y en realidad se trataría de una especie de leasings habitacionales con los cuales, aunque se entrega la casa, el título sólo puede ser recibido al cumplir con el requisito de pagar el arrendamiento. De lo contrario, podrían perder las viviendas.
En contravía a este planteamiento, la senadora Dilian Francisca Toro, ponente de la ley, sostiene que hay un compromiso de favorecer con viviendas gratis a la población más pobre y así se va a hacer, serán beneficiados “los más pobres, los desplazados por la violencia, los damnificados por el invierno y quienes están vinculados al Programa Red Unidos para superar la pobreza”. Toro explicó que este es un primer sector poblacional con altos niveles de vulnerabilidad.
No obstante, la senadora asegura que no se trata “de una ley para entregar 100 mil viviendas, estamos hablando de una política pública de vivienda”. En ese sentido, afirmó que no se puede entregar casa gratis a todo el mundo, pero sí garantizar la posibilidad de tener vivienda propia. “Habrá otro segmento de personas pobres, que trabajan pero que no tienen la posibilidad de lograr un ahorro programado o acceder a créditos bancarios. Se les entregará la vivienda con un modelo denominado Contrato de arrendamiento con opción de compra”.
Este nuevo esquema es criticado por Robledo al explicar que “en el pasado los constructores tenían que asumir el riesgo de vender casas para pobres, de igual forma ocurría con los bancos que aprobaban los créditos hipotecarios. Ahora resulta que todo el riesgo lo va a asumir el Gobierno, que tendrá que responder a constructores y a bancos generando un negocio redondo para los privados”. Además, advierte que “Santos no ha explicado si estas 100 mil viviendas reemplazarán el compromiso de 500 mil que hizo en campaña, de ser así, les estaría mintiendo a los más pobres del país”.
El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, luego de la aprobación de la Ley de Viviendas de Interés Prioritario (VIP), afirmó que “creemos que esta es la primera etapa de un ambicioso programa. Nada sacaríamos con llegarles a 100 mil familias, abandonando a un millón 400 mil más que están en la misma condición. A eso hay que agregar que en Colombia, anualmente, se forman 280 mil nuevos hogares, de los cuales 140 mil no cumplen con el modelo que exige ahorro programado y crédito hipotecario, que es un sistema que continuará para otros estratos”.
Pero este no sería el único problema que existe. Tal como lo reveló El Espectador, una de las principales dificultades tiene que ver con la disposición de predios para sacar adelante los macroproyectos, pues de acuerdo con las cifras de Planeación Nacional, hasta 2010 estaban radicados 31 planes con un potencial de 360.000 viviendas. Pero debido a las dificultades por la ausencia de los conceptos ambientales, la cifra bajó a 26 planes, de los cuales apenas 10 están aprobados, y de ellos sólo seis en ejecución. En total, no más de 67.000 viviendas. Además, varios de estos planes de vivienda podrían estar ubicados en zonas de alto riesgo de inundaciones o de deslizamientos, lo que incluso ha motivado algunas funciones de advertencia de la Contraloría General de la República.
Así las cosas, la aprobación en primer debate de la ley con la que se pretende cambiar el modelo para la asignación de VIP se convierte sólo en la ‘cuota inicial’ de una deuda del Gobierno con más de un millón y medio de familias pobres que no tienen casa propia. Pero, para cumplir con las ambiciosas metas, también es necesario aclarar algunas: ¿Hay disponibilidad de predios? ¿Quiénes serán los beneficiados con las viviendas gratis? ¿Quiénes tendrán que acceder a leasings habitacionales? ¿Se redujo la meta de entrega de casas a los pobres?







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