Según el organismo de control, con la prórroga de los contratos del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá se evidencian dilaciones injustificadas en la selección del contratista. “De los antecedentes administrativos presentados se observa que respecto de los argumentos presentados por parte de la Uaesp para prorrogar los contratos de concesión existen varias incongruencias”.
De acuerdo con la Contraloría, la Uaesp pretende justificar su recurrente omisión trasladando su responsabilidad y falta de planeación a la CRA.
El contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, acusa una falta de gestión en la ejecución de las actuaciones que debe cumplir frente a cada una de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, como la inclusión de los recicladores en la licitación de recolección, barrido y limpieza, y que a la postre aclararían las dudas referentes a la estructuración de un eventual proceso licitatorio.
Otro de los aspectos que llama la atención de este ente de control es cómo la Uaesp, con el conocimiento absolutamente claro de que para la estructuración de este proceso dependía de los resultados de la actualización del censo para el esquema de inclusión de recicladores y de su implementación; solo hasta marzo de 2012 hayan suscrito con la Universidad Distrital un convenio para este fin, el cual tenía programado para entregar resultados en el mes de agosto de 2012, término que coincide con la finalización de los contratos (septiembre 15) que nacen de la segunda urgencia manifiesta.
De otra parte, la Contraloría llamó la atención respecto a los recursos de los bogotanos por valor de $4.492.860.528 que la Uaesp ha destinado desde el año 2008 para la estructuración de la nueva concesión como para la solicitud de verificación de motivos de la Áreas de Servicio Exclusivo –ASEs- ante la CRA.
“En relación con las erogaciones causadas por la Uaesp para estructurar el citado proceso licitatorio se destaca que los recursos destinados a la contratación de asesorías que tienen como fin lograr la implementación y estructuración de dicha licitación deben de utilizarse de acuerdo a su finalidad y cumplir los resultados para el que fueron programados o adoptados”, dice el ente de control.
“La administración actualmente está operando bajo el esquema de libre competencia sujeta a un mero acuerdo entre las partes y ante la ausencia de una autorización de Áreas de Servicio Exclusivo por parte de la CRA. Esto implica que bajo la libre competencia los operadores pueden moverse libremente en cualquier zona de la ciudad, sin restricción, circunstancia que puede provocar conflictos entre los operadores, y que de llegarse a presentar no podría ser controlada mientras no existan las ASEs, afectando la calidad y cobertura a todos los estratos sociales en la prestación del servicio”, agregó la Contraloría.
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