En el revolcón de la planta de personal del Concejo de Bogotá no se despidió a nadie, aunque se suprimieron dos cargos (secretario de Despacho y director financiero o administrativo). Asimismo, se crearon 82 nuevos puestos y seis dependencias. Las modificaciones empezarán a desarrollarse a partir de dos conceptos que le dieron vía libre a la reestructuración: uno de la Secretaría de Hacienda del Distrito y otro del Servicio Civil, los cuales fueron comunicados a la Corporación a través de misivas.
Cartas fueron y vinieron, pero no hay estudios fiscales ni de cargas laborales que sirvan de sustento para los cambios que se empezarán a efectuar, así lo denunciaron los tres concejales que votaron en contra de la propuesta. Sin embargo, tanto los críticos como los que estuvieron a favor de la iniciativa reconocen que es necesario actualizar y reestructurar la organización del Concejo de Bogotá.
Hasta hoy, en la Corporación trabajaban 91 empleados de planta y 82 supernumerarios vinculados a ésta través de proyectos. Por lo cual el presidente del Concejo, Darío Fernando Cepeda, presentó un proyecto de acuerdo para modificar la Estructura Organizacional del Concejo de Bogotá, su planta de personal y su escala laboral, el cual se aprobó ayer con 12 votos a favor y tres en contra.
Con las modificaciones se crearon 82 empleos: se abrieron plazas para 26 profesionales universitarios y 10 para especializados; 19 puestos de auxiliares administrativos, nueve secretarios ejecutivos y cuatro conductores (labores de tipo asistencial); y siete nuevos empleos para técnicos operativos. También se crearon dos cargos de asesor. Uno para jefe de oficina asesora de Planeación y otra para el de la oficina de comunicaciones. Además se aprobaron nuevos cinco cargos directivos como el secretario General de Organismo de Control, el jefe de oficina, el director técnico, el Administrativo y Financiero. Los cargos de asesores y directivos devengan un 20% del salario por concepto de gastos de representación.
Darío Fernando Cepeda, presidente del Concejo de Bogotá y autor del proyecto, explica las razones de la reestructuración. “Lo que se hizo fue ajustarnos a la ley porque veníamos funcionando con una serie de supernumerarios y lo que hace esta reforma es vincular y legalizar lo que se venía haciendo desde hace ocho o nueve años en el Concejo. Es importante resaltar que con esta iniciativa el Estado se ahorrará $37 millones”.
En esa misma línea piensa el concejal liberal Horacio José Serpa, quien reconoce que la estructura del Concejo está desactualizada y que es una de las pocas instituciones que carece de dependencias como una oficina de planeación, de prensa y direcciones esenciales para la operación de cualquier institución como una oficina jurídica.
De acuerdo con el concejal progresista Diego García: “faltaron mayores niveles de discusión en cuanto a que se van a vincular nuevos empleados a la planta del Concejo sin estudios de carga laboral y a partir de conceptos que no tenían los suficientes argumentos. En el recinto siempre hubo un afán por votar el acuerdo, que no se pudo digerir, por eso voté negativamente”. García, como ponente del proyecto de acuerdo que pretende modificar el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá (el cual lleva dos sesiones), asegura que con las modificaciones a la planta de personal “hay superposiciones normativas con lo que se quiere cambiar en el reglamento, era necesario hacer una armonización”.
La concejala del Mira, Olga Victoria Rubio, argumenta que su voto negativo se debe a que no se planteó una comisión accidental que estudiara al detalle el articulado. Además “ni la Secretaría de Hacienda y ni el Servicio Civil sustentaron sus conceptos fiscales y de cargas laborales con estudios que sustentaran las modificación. Y ante las dudas es mejor decir que no”.
El domingo, el proyecto pasará a plenaria, en donde se pondrá a consideración de los 45 concejales. Aunque el proyecto tiene una buena aceptación entre la mayoría de los concejales, soplan también vientos de disidencia, es el caso de la cabildante liberal María Victoria Vargas, quien decidió que su voto será negativo y que "el proyecto se adaptó a lo que viene, a que sea ahora el Concejo el que contrate y no el Fondo Cuenta (que es manejado por la Secretaría de Hacienda). El Concejo debe hacer es control político y no contrataciones".
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