El caso fue declarado como imprescriptible tras reconocerse que “los ataques a los periodistas fueron recurrentes como método de guerra con el fin de acallar la voz de quienes se atrevieron a exponer ante la opinión pública los desafueros y violaciones del paramilitarismo”.
La periodista fue víctima de un grupo de delincuentes que la secuestraron cuando iba a entrevistar para el diario El Espectador al paramilitar conocido con el alias de El Panadero, interno en el penal. Los secuestradores, luego de torturarla y agredirla sexualmente, la dejaron abandonada a las afueras de Villavicencio. (Ver Se mueve caso Jineth Bedoya)
Por estos hechos la Fiscalía dictó medida de aseguramiento a Mario Jaimes Mejía, alias 'El Panadero'; Alejandro Cárdenas, alias 'JJ' y Jesús Emiro Pereira, alias 'Huevo e pisca', familiar del excomandante paramilitar Carlos Castaño.
Ante esto dichos paramilitares, quienes se encuentran en el proceso de Justicia y Paz, tendrán que responder por los delitos de secuestro agravado, tortura en persona protegida y acceso carnal violento. (Ver "No voy a dejar de exigir justicia")
La clave para que este caso empezara a moverse, luego de años de quietud, fue la confesión del exparamilitar Alejandro Cárdenas Orozco, quien se acogió a sentencia anticipada por el secuestro de Bedoya aunque no reconoció los otros dos delitos, en febrero de este año.
Según Cárdenas, en el 2000, cuando se encontraba en Barranca de Upía, recibió la orden de viajar a Bogotá para asesinar a la periodista Jineth Bedoya. A última hora hubo cambio de planes y se optó por el secuestro.
Cárdenas Orozco, quien en septiembre de 2011 ya había admitido su responsabilidad ante un fiscal de Justicia y Paz, reveló que cuando estaba a punto de consumar el homicidio, recibió una contraorden para que sólo la secuestrara y la entregara a otros de sus compinches en el sector de Puente Aranda. Él sostuvo que así lo hizo y que días después, durante una discusión por los errores y excesos cometidos durante el cautiverio de la periodista, su jefe, alias “Pollo Roger”, dio la orden de matarlo. Por eso tuvo que alejarse de la organización.
El testigo admitió que, según lo que escuchó a sus compañeros de andanzas, el secuestro de Jineth Bedoya obedeció a las publicaciones que ella venía haciendo en el periódico El Espectador sobre ilegalidades en los centros reclusorios del país, en particular por los artículos sobre tráfico de armas en la cárcel La Modelo de Bogotá. El detonante fueron sus informes sobre una masacre perpetrada en el interior del penal el 27 de abril de 2000, en la cual participaron activamente los paramilitares, dejando como saldo 25 personas muertas y 18 heridas de gravedad.
Días después, la periodista y otros de sus colegas recibieron cartas amenazantes, y por esa razón, previa consulta con las autoridades, se decidió que para aclarar la situación se realizaría una entrevista con algunos jefes paramilitares recluidos en La Modelo. En la mañana del jueves 25 de mayo, cuando aguardaba su ingreso al penal, fue secuestrada y sometida durante diez horas a tratos crueles y degradantes. Cuando la Fiscalía rastreaba su paradero, fue abandonada en un despoblado en la vía entre Villavicencio y Puerto López, en el Meta.
Pese a la gravedad de los hechos y a que, en atención al testimonio entregado por Jineth Bedoya, dos periodistas de El Espectador tuvieron que marcharse del país, la investigación judicial no arrojó resultados convincentes. Sólo hasta 2010, cuando la agencia de cooperación británica Oxfam entró a apoyar los persistentes reclamos de justicia de la periodista, el expediente empezó a moverse. Después intervino la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que optó por llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando Viviane Morales asumió como fiscal, decidió darle prioridad al caso de Jineth Bedoya. Primero a través de Justicia y Paz y luego por conducto de la Unidad de Derechos Humanos. Y fue precisamente una fiscal de esta dependencia la que logró el primer paso clave hacia la verdad de lo sucedido: la confesión de Alejandro Cárdenas Orozco, quien solicitó sentencia anticipada. De paso fueron vinculados Emiro Pereira Rivera y Mario Jaimes Mejía, este último el sujeto que tramitó la falsa entrevista que terminó en secuestro.
La Fiscalía apunta a demostrar la activa participación de la casa Castaño en los hechos, a través del sujeto Jesús Emiro Pereira Rivera. Hombre de confianza de Vicente Castaño, Pereira Rivera, hoy detenido en Montería (Córdoba), fue uno de los principales promotores del llamado bloque Capital, que por la misma época ejecutó muchas otras acciones ilegales en Bogotá. Pero su radio de operaciones se extendió también, con el apoyo del bloque Centauros, a los departamentos de Meta y Casanare.
Natural de Cañasgordas (Antioquia), Pereira Rivera estuvo procesado por el asesinato del congresista araucano Octavio Sarmiento Bohórquez, perpetrado en octubre de 2001, así como fue investigado por el triple crimen de los ganaderos Édinson, Manuel y Otto Delgado, consumado ese mismo mes en Hato Corozal (Casanare).
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