Uno de los principales objetivos a corto plazo es lograr que con el plan de saneamiento fiscal y financiero, que arrancó en julio, se obtengan resultados satisfactorios para evitar que la Superintendencia Nacional de Salud pueda intervenirlos.
Con dicho programa de saneamiento se busca pagar deudas emergentes, hacer un ajuste de la nómina de empleados que trabajan en los hospitales afectados, comprar masivamente medicamentos y hacer una reestructuración del pasivo con los proveedores.
Octavio Henao Orrego, asesor de la Secretaría de Salud, en diálogo con Elespectador.com explicó que la implementación de ese plan de salvamento pretende estabilizar las finanzas de los 14 centros médicos que se encuentran en riesgo alto y medio.
“Ahora los hospitales no pueden dar ganancias, pero la idea es que tampoco den pérdidas, por eso queremos hacer compras masivas de medicinas para ahorrarnos el costo de la compra por pequeñas cantidades. También buscamos hacer acuerdos de pago con varios proveedores”.
Orrego señaló que si el próximo 31 de octubre el programa de saneamiento no alcanza los resultados esperados, la Superintendencia podría intervenirlos, lo que no quiere decir que puedan ser cerrados.
“El acuerdo de pago es para evitar que los hospitales sean embargados en sus cuentas, pues si empieza el embargo no habrá ni para pagar salarios. Con la ley 1438 de 2011 se actúa directamente sobre todo el sistema de salud para hacer un mejoramiento de las IPS y hacer un énfasis en atención primaria en salud y se da un mecanismo por parte del Gobierno para que se adopten unas medidas que impidan a futuro, no solo en los hospitales afectados de Bogotá sino en los de todo el país, una posible intervención”, agregó.
El funcionario de la Secretaría de Salud puntualizó en que la intervención no quiere decir cierre. “La Superintendencia designaría interventores, es decir que sale el gerente del hospital intervenido y queda en manos del Estado”.
Los hospitales más críticos son: Meissen, Simón Bolívar y Tunal.
El plan de saneamiento fue implementado debido a que en los últimos tres años se ha incrementado el déficit presupuestal en los hospitales distritales. El año pasado la deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) superó los 235 mil millones de pesos y se estima que este año sobrepase los 290 mil millones.
El secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dicho que esa crisis financiera se debe al despilfarro, a la corrupción, al mal manejo, a la mala contratación y a la incapacidad para facturar.
Con el déficit del año pasado el más afectado fue el hospital de Meissen con un hueco de $41 mil millones, seguido de Santa Clara con $29 mil millones, Kennedy con $28 mil millones, Tunal con $23 mil millones, Suba con $22 mil millones y Simón Bolívar con $20 mil millones.
Solo siete de los 22 hospitales de Bogotá se salvaron de las pérdidas al cierre de 2011: San Cristóbal, Usme, Chapinero, Pablo Sexto, Vista Hermosa, Nazareth y Usaquén.
En julio pasado el subsecretario de Salud, Aldo Cadena, dijo que tan solo tres hospitales de la red pública están bien económicamente: Pablo Sexto, Nazaret y Chapinero.
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