Hace un año, luego de que la Fiscalía demostrara que varios supuestos asesinados seguían vivos o no habían muerto en Mapiripán, el Estado decidió pedirle a la Corte la revisión de la sentencia en su contra. Colombia pidió la revisión "no porque estuvieran en discusión los hechos esenciales que llevaron a la Corte a dictar sentencia -la responsabilidad del Estado por el crimen, que fue cometido con complicidad de militares de Urabá y los Llanos-, sino para excluir a quienes no tenían derecho a la millonaria indemnización".
Al responder el recurso del gobierno colombiano, la Corte aclaró que hay personas que "no deben ser consideradas víctimas del caso y que las reparaciones ordenadas a favor de sus familiares no deben tener efectos".
La decisión cubre a Hugo Fernando Martínez Contreras, Diego Armando Martínez Contreras, Gustavo Caicedo Rodríguez, Manuel Arévalo, Ómar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, así como a sus familias.
"Corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias a nivel interno, si así lo considera necesario, para que los pagos otorgados por concepto de las indemnizaciones le sean reintegrados", señala la decisión. Y agrega que el proceso de identificación de falsas víctimas o de nuevas víctimas hace parte de las obligaciones del Estado de seguir investigando los hechos.
La Corte también resalta que no hay pruebas de que las ONG que representaron a las falsas víctimas en el Sistema Interamericano (el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Cejil) tengan responsabilidad en la trampa, que llevó al Estado a pagar más de 2.000 millones a familias que no tenían derechos a esa reparación.
El Colectivo devolvió de manera unilateral 746 millones por cuenta de la representación de esas personas.
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