BOGOTA .- La posible inclusión de la frase "conflicto interno" en un proyecto de ley de víctimas generó polémica en Colombia al creer que el mismo daría estatus de beligerancia a los grupos armados ilegales como la guerrilla de las FARC. El estado de beligerancia -según las normas del derecho internacional- le permite a las fuerzas guerrilleras de un país el reconocimiento de una serie de derechos que les permite continuar su sublevación si cumplen con varios requisitos como el tener control de un territorio determinado, entre otros.
Senadores y analistas, sin embargo, descartaron que los rebeldes de las Farc puedan alcanzar ese estatus, que nacional e internacionalmente les permitiría desde abrir una oficina legal con un representante hasta recibir donaciones locales y del extranjero.
A pesar de que Colombia lleva más de 40 años en una lucha entre grupos guerrilleros y el Estado y se han producido al menos cuatro frustradas negociaciones de paz entre las partes desde los años 80, Bogotá nunca ha hecho una declaración formal de estar en una guerra interna pero sí ha mencionado en decretos la frase "conflicto interno", dijeron los legisladores y analistas consultados por la Associated Press.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2010) siempre negó que el país viviera en esa situación de conflicto y aseguraba que Colombia padecía los ataques de grupos "terroristas" que actuaban como "bandidos" o "criminales comunes".
El miércoles Uribe aseguró -en varios mensajes en su cuenta de Twitter- que no podía "ser que la ley reconozca conflicto con terroristas narcotraficantes que atentan contra la democracia".
Como en al menos dos de los partidos de la coalición del gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos hay legisladores fieles a Uribe --el Conservador y el Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U)--, existen dudas sobre si esa frase será incluida en el proyecto y aprobada por el Senado.
El senador Roy Barreras, del partido de la U, reiteró que la frase aún está fuera de la iniciativa de ley y que, en caso de incluirse, sólo busca "limitar el universo de víctimas" para evitar que personas que han sufrido agresiones de la criminalidad común se valgan de la ley y también exijan una indemnización.
Lo importante es, dijo Barreras, "no confundir la palabra conflicto que... puede referirse a una confrontación entre un grupo guerrillero y un grupo paramilitar en territorio colombiano, es decir, una confrontación entre delincuentes" y aclarar en el proyecto de ley que no habrá ni reconocimiento del estatus de beligerancia ni político para los insurgentes.
"Eso jamás estará escrito en la ley", dijo el congresista.
Camilo Gómez, ex Comisionado de Paz en el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), indicó que "cuando la ley habla de conflicto reconoce un hecho que es palpable en Colombia desde hace 45 años y eso no tiene una transcendencia jurídica distinta a ponerle un límite a la Ley de Víctimas, pero no genera ni produce un efecto bajo la normatividad internacional ni muchos menos genera la posibilidad de una eventual beligerancia".
Agregó que "sin duda se requiere incluir para que la ley tenga límites... pues hay víctimas de un accidente de tránsito, víctimas de un atraco, víctimas de violencia generada por el narcotráfico... Creo que eso delimita y permite poner un marco más concreto a la ley".
El proyecto es discutido en el Congreso desde el año pasado y sólo le falta un debate en el plenario del Senado, de 102 miembros, para su aprobación final que debe ser por mayoría.
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