La toma se produjo el 30 de agosto de 1996 y fue la primera de una serie de grandes golpes de las Farc en la pasada década. La base, en La Tagua (Putumayo), fue arrasada por cerca de 2.000 subversivos del Bloque Sur.
En dos sentencias, el alto tribunal hizo responsable al Estado por los daños causados a Libardo Ibáñez Muñoz y a su familia, a Duverney Guzmán escudero y a su familia y a Libaniel Beltrán Figueroa y familia, "quienes debieron ser amparados como ciudadanos y como soldados en sus derechos fundamentales y humanos".
Según la sentencia, los altos mando militares "estaban llamados a evitar los riesgos, debilidades y fallas que se cometieron y que permitieron el ataque guerrillero". Por lo que también envió copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen penal y disciplinariamente a la cúpula de la época.
El Consejo de Estado cuestionó la falta de entrenamiento de los militares y la ausencia de una supervisión constante de las Fuerzas Armadas a las condiciones de la base.
"La existencia misma de la Base Militar de Las Delicias en una posición que no fue estudiada estratégicamente, ni valorada adecuadamente las vías de escape y de penetración, fue lo que llevó a que se produjera la incursión completa de las fuerzas irregulares al interior de esa guarnición", señala el fallo.
Los magistrados establecieron que hubo un retardo injustificado e insuficiente en el apoyo militar, "pese a que en las proximidades se contaba con la Base de Tres Esquinas, unidades fluviales desde Puerto Leguízamo y la base aérea de Apiay". Igualmente se encontraron fallas en el armamento para repeler un ataque.
"Teniendo en cuenta que en la zona operaban los grupos subversivos, constituía un hecho notorio la posibilidad de un ataque de los mismos, lo que representa una amenaza inminente, cierta e inevitable", agrega la sentencia.
El argumento del Ejército para rechazar la demanda, según el cual para la época de los hechos las Fuerzas Militares tenían que atender múltiples acciones insurgentes en distintos lugares del país, no fue aceptado por el Consejo de Estado.
El alto tribunal ordenó al Ministerio de Defensa publicar las sentencias en el Diario Oficial y en medios de comunicación de circulación nacional, realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, que deberá ser transmitido por el Canal Institucional y el Ministro de la Defensa debe hacer una declaración pública en la que anuncie medidas para corregir los fallos cometidos en esta base militar.
Los integrantes del secretariado de las Farc fueron condenados a 38 años y 9 meses de prisión al ser encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo y rebelión.
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