Así lo consideran tres expertos en lucha antidrogas de México, Colombia y Perú, tres países que en las últimas tres décadas han sufrido en carne propia los estragos ocasionados por el tráfico de narcóticos: corrupción, debilidad institucional, aumento de la violencia y crisis de valores, entre otros.
El informe fue presentado por la Comisión el jueves en Nueva York y contó con el respaldo de destacados líderes mundiales, como el ex secretario de la ONU Kofi Annan, la ex comisionada de Derechos Humanos Louise Arbour, el escritor Carlos Fuentes y los ex presidentes Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria Trujillo.
Antes de su presentación y cuando ya se conocían algunos detalles del informe, los Estados Unidos (EE. UU.) rechazaron la propuesta, en una primera señal de lo difícil que será para estos líderes el lograr que su trabajo no se quede en otro de los trabajos académicos que se han hecho sobre este tema.
Jaime Antezana, investigador del Instituto Peruano de Economía y Política que se ha dedicado a estudios sobre narcotráfico y violencia en Perú, sostiene que replantear en estos momentos la lucha antidrogas "se podría entender como una concesión al narcotráfico", en un momento en el que su país vive una recomposición del negocio de las drogas.
"El ascenso (del narcotráfico) se está expresando en todas las esferas: incursión en las últimas elecciones municipales y regionales en las que hay narcoalcaldes, narcoregiones y narcobancadas en el Congreso de la República", dice Antezana, en lo que parece una descripción de crisis institucional muy similar a la que vivió Colombia con los carteles de la droga y el narcoparamilitarismo.
"En México se habla de 7.5 millones de 'ninis', que son los jóvenes que ni trabajan ni estudian ni tienen un futuro visible. Los Gobiernos deben trabajar primero en rehacer el tejido social, dar oportunidades de salud, empleo, vivienda y estudio a la juventud, que va a alimentar las filas del sicariato y el narcomenudeo", advierte José Reveles, analista mexicano experto en temas de seguridad, quien pide reflexionar si el permitir el consumo de drogas blandas haría más daño a la sociedad.
El investigador colombiano Francisco Thoumi, columnista de 'Razón Pública' y quien ha escrito sobre el narcotráfico en los últimos 20 años, afirma que la negociación para un cambio de enfoque en la estrategia contra los narcóticos no debe ser con EE. UU., sino con todo el mundo y debe ser más un asunto de las sociedades, más que de los gobiernos.
"El problema para que tú legalices una droga psicoactiva, especialmente una droga que como la cocaína puede generar violencia por su consumo, deben existir controles sociales, es decir, la aceptación tiene que venir de la sociedad y no del papa Estado que pase una ley y diga legalícese y cúmplase", dice Thoumi.
"La única manera de cambiar el enfoque o replantearlo es con un consenso mundial. No puede un Estado por sí solo tomar un camino de legalización de las drogas", añade el peruano Antezana.
Y en ese sentido, las sociedades de EE. UU, México, Colombia y Perú aún tienen un esquema de valores que impedirían una regularización de las drogas, como ocurrió con la prohibición del tabaco y el alcohol en los Estados Unidos, a comienzos del siglo pasado, por cuenta de la presión del puritanismo inglés y movimiento feminista que se oponían al consumo de los inmigrantes irlandeses e italianos.
También ocurrió en Colombia en abril de 1994, cuando el entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria despenalizó el consumo de la dosis mínima de droga. En ese momento, el presidente César Gaviria (sí, el mismo que ahora propone un cambio en el paradigma) condenó el fallo y el ex presidente Álvaro Uribe dedicó buena parte de sus 8 años de Gobierno a derogar el sentido de esa sentencia.
La sociedad estadounidense repitió el ejemplo de su puritanismo al no aprobar en el Estado de California la proposición 19, que planteó el uso recreativo de la marihuana. Como se recordará, las tres convenciones contra las drogas, de 1961, 1971 y 1988, sólo permiten el uso controlado de drogas con fines médicos y de investigación científica.
Los usos recreativos, experimentales o rituales seguirán prohibidos durante muchos años. ¿Qué efectos tendrá, entonces, el informe entregado por la Comisión Global de Drogas? Los expertos consultados dicen que servirá en tres frentes: en cambiar el concepto sobre el tratamiento que deben recibir los adictos, en enfatizar que la represión sea contra las estructuras que trafican y no contra los cultivadores, y en estimular el debate sobre la necesidad de reformar, en un largo plazo, las convenciones antidrogas.
Sobre el primer punto, el colombiano Thoumi dice que lo urgente es cambiar ese concepto que tienen nuestras sociedades de menosprecio a los adictos. "Las encuestas que ha hecho Antanas Mockus demuestran que la gente prefiere tener de vecino a un narcotraficante que a un adicto. Al adicto se le ve como una persona moralmente inferior y eso tiene que cambiar, no se les puede mirar como criminales, sino como un problema de salud pública".
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