Lista reglamentación de ley que beneficia a 25.000 desmovilizados

Presidente Santos sancionó la reglamentación de la Ley 1424, también llamada ley de desmovilizados.

Con la entrada en vigencia de esa reglamentación, cerca de 25 mil desmovilizados de grupos armados ilegales podrán aclarar su situación jurídica.

Aunque serán sancionados, pagarán sus penas sin ir a la cárcel, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad y no estén postulados a la Ley de Justicia y Paz.

Alejandro Éder, alto consejero presidencial para la Reintegración, explicó que con esto se busca "un balance entre cumplimiento del compromiso de paz que tuvo el Gobierno al desmovilizarlos y el derecho de las víctimas a la verdad y reparación".

Las órdenes de captura o la ejecución de la condena se podrán suspender únicamente si las personas que han dejado las armas están cumpliendo con el programa presidencial para la reintegración.

Para acceder a los beneficios de la nueva ley, una persona desmovilizada debe estar activo o culminar formalmente el proceso de reintegración; no haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización; firmar un formato en el que se compromete a contribuir con la verdad histórica y la reparación; participar de las actividades de servicio social y reparación que establezca la Alta Consejería para la Reintegración; y firmar el Acuerdo de Contribución a la verdad histórica y a la reparación, ante el Alto Consejero Presidencial Para la Reintegración.

También deberá presentarse ante el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, en donde deberán facilitar el esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley, el contexto general de su participación y garantizar la no repetición de hechos violentos.

Éder hizo énfasis en que en cualquier caso la suspensión de la pena no implica un indulto a estas personas.

Los desmovilizados tendrán hasta el próximo 28 de diciembre de este año para poder acceder a beneficios de la ley.

El asunto fue objeto de controversia hace dos semanas entre el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.

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