La advertencia fue hecha por empresas del régimen subsidiado, que afilian a 15 millones de personas.
Doce EPS del régimen subsidiado, reunidas este lunes en la sede de Caprecom, en el occidente de Bogotá, aseguraron que "si no se soluciona el problema de los embargos judiciales", que en estos momentos tienen congelados 200 mil millones de pesos de esas entidades, la prestación de los servicios de salud podría verse afectada e, incluso, paralizada en el mediano plazo.De acuerdo con Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestar Salud, que agrupa a ocho EPS del subsidiado, pese a que los recursos destinados a la salud no pueden ser embargados, jueces de la República lo están haciendo, en respuesta a demandas interpuestas por clínicas y hospitales (IPS), con las cuales dichas entidades tienen deudas.
“Hasta el momento, no hemos dejado de atender a ningún usuario. Las IPS han tenido que aplazar algunas atenciones, porque la situación financiera de esos prestadores de salud y la nuestra desembocan en un represamiento y pocos insumos, pero de parte nuestra no ha habido suspensión de servicios a los usuarios. Sin embargo, si esto no se soluciona de manera inmediata, eso puede traer esas consecuencias y paralizar el servicio, que es lo que queremos evitar”, dijo.
Torrenegra afirmó que esas EPS ya le pidieron al Consejo Superior de la Judicatura que investigue por qué decenas de jueces de 10 departamentos del país siguen ordenando embargos “sobre los recursos de la salud, que por ley son inembargables”.
“Solicitamos al Gobierno y a la rama judicial que intervenga de manera inmediata para hacer cumplir las medidas legales sobre la inembargabilidad de los recursos del régimen subsidiado, de tal manera que los 200 mil millones de pesos que están en depósitos judiciales sean liberados para el pago a la red de servicios y evitar la indebida paralización de estos recursos”, aseguraron en un comunicado las EPS Ecoopsos, Coosalud, Asmetsalud, Mutual Ser, Emdisalud, AMBUQ, Comparta, Emsanar, SaludVida, Solsalud, Cajacopi y Caprecom.
Eduardo Colmenares, gerente general de la EPS Solsalud, que tiene 1,3 millones de afiliados, advirtió que “va a empezar a arriesgarse la salud de todos los colombianos si el flujo de recursos, en todos los sentidos, entre entes territoriales, el Gobierno, las EPS y las IPS, no mejora”.
Las EPS del régimen subsidiado aseguran tener cuentas por cobrar cercanas a los 1,6 billones de pesos, incluida la deuda de 300 mil millones de pesos por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
“Queremos seguir depurando la cartera, para garantizar que el dinero recaudado pueda ser girado de manera directa a la red prestadora y para mejorar la calidad de la atención que les damos a nuestros afiliados”, explicó la directora ejecutiva de Gestar Salud.
Torrenegra también reconoció “la gran cartera que se tiene con los hospitales, tanto públicos como privados”, pero dijo que mientras los entes territoriales “no cumplan con varias normas y no giren los recursos que les adeudan”, no podrán sanear sus cuentas.
Sobre todo, señaló, “se les hace un llamado urgente a los alcaldes de más de 40 municipios que tienen más de 100.000 habitantes, para que cumplan cabalmente con la ley y trasladen los recursos a las EPS” del régimen subsidiado.
De acuerdo con Gestar Salud, al 31 de marzo de este año, cuando todavía no operaba el sistema de giro directo, las obligaciones de los municipios con las EPS del subsidiado ascendían a más de 900 mil millones de pesos.
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