La petición de la Procuraduría también es por violar el debido proceso en un fallo de tutela.
Por esto, el procurador Alejandro Ordóñez pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara investigar a los magistrados Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas Silva, de la Corte Constitucional.Los dos magistrados denunciados concedieron una tutela a una mujer que terminó abortando clandestinamente por que ningún centro asistencial la quiso atender a pesar de haber invocado uno de los tres casos que fueron despenalizados por la Corte Constitucional.
El caso por el que fueron denunciados los magistrados ocurrió el 9 de noviembre del 2009. Una mujer de 24 años, con 10 semanas de embarazo diagnosticado como de alto riesgo, acudió al Hospital Departamental de Villavicencio pero los médicos se escudaron en la objeción de conciencia cuando ella expresó su intención de interrumpir el embarazo por miedo a morir.
Por esto, decidió acudir a la Defensoría del Pueblo y tampoco la apoyaron. Entonces decidió presentar tutela pero le fue rechazada por los jueces, por lo que terminó buscando un centro clandestino donde le practicaron la interrupción del embarazo.
En la decisión, la Corte dijo: "Advierte la Sala que en el presente caso se presenta una carencia actual de objeto que determina que sea imposible que la orden solicitada en la demanda de amparo –la práctica de la IVE- surta algún efecto. En efecto, por medio de comunicación telefónica que tuvo lugar con la peticionaria el día veintiocho (28) de abril de 2010, el Despacho del Magistrado Sustanciador pudo constatar que la misma ya no se encontraba en estado de gestación y que tampoco había dado a luz; concretamente manifestó que ‘no había continuado con el embarazo’”.
El Procurador consideró que los magistrados debieron denunciar a la mujer, pues como lo reconocen en la misma decisión, en el estudio del caso se tuvo información de un acto ilegal.
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