El crimen causó consternación y una inmensa oleada de protestas, así como inmediatas medidas por parte del gobierno para reprimir la acción de los violentos. Cuando se dirigía a su residencia del norte de Bogotá, Don Guillermo Cano recibió cinco impactos de arma de fuego, disparados por un individuo que junto con otro lo esperaba cerca a la entrada principal del periódico.
A las Siete y quince de la noche se produjo el crimen, cuando don Guillermo Cano, al timón de su vehículo, redujo la velocidad para girar hacia el norte, en el cruce de la carrera 68 con calle 22. Fue detectado sorpresivamente por un hombre que le estaba esperando en el extremo del separador central de la congestionada vía. Disparó sucesivamente sobre la ventanilla izquierda del conductor.
El deceso del ilustre periodista se produjo poco antes de las ocho de la noche en la Clínica de la Caja Nacional de Previsión, a donde fue conducido con heridas de naturaleza necesaria mortal por cuanto los proyectiles le interesaron órganos.
La noticia sobre el atentado causó gran conmoción en Colombia y en el exterior y dio lugar a infinidad de manifestaciones de repudio por el grave crimen.
Repudio nacional
Los expresidentes de la República, las directivas políticas de todos los sectores y tendencias, la prensa, la iglesia, los altos mandos militares, los gremios, los sindicatos, líderes de distintas actividades y voceros de las más diversas actividades nacionales, se pronunciaron con estupor para repudiar el atentado y señalar que él va dirigido fundamentalmente contra la prensa libre, para tratar de acallarla e impedir que continúe sus implacables denuncias contra el narcotráfico.
Decreto de honores
Al enterarse de la infausta noticia, el presidente Virgilio Barco convocó un Consejo de Ministros que sesionó hasta las horas de la madrugada, al término del cual fue expedido un decreto de honores. El ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa, leyó por Radio Nacional una declaración para condenar el vil asesinato.
El sepelio
El cadáver de don Guillermo Cano permanece en la Caja Nacional de Previsión hasta después de que se practicaron las diligencias legales y en la madrugada fue trasladado a las instalaciones de El Espectador para su velación en la sala principal. En este mismo lugar se efectuarán hoy las exequias, a las once de la mañana, y posteriormente recibirá sepultura en los Jardines del Recuerdo. El presidente y sus ministros se harán presentes en los funerales.
El ataque
A las siete y quince minutos de la noche al término de la jornada, don Guillermo Cano abandonó el periódico y como era su costumbre salió por la puerta principal del edificio que da sobre la Avenida 68, al timón de su camioneta Subaru para dirigirse a su residencia en el norte de la ciudad.
Cuando el periodista redujo la velocidad del vehículo para hacer una "U" que le permitiera tomar la avenida rumbo al norte, fue atacado sorpresivamente por un individuo que lo estaba esperando en el extremo del separador central de la vía que da a la Calle 22, y quien disparó una ráfaga de metralleta sobre la ventanilla izquierda del automotor.
Alcanzado por varios de los proyectiles, don Guillermo perdió el control del vehículo y éste fue a estrellarse contra un poste del alumbrado público situado sobre el andén oriental de la avenida.
Según algunos testigos, el autor del atentado subió a la parrilla de una motocicleta en donde lo esperaba un segundo individuo en cuya compañía emprendió la fuga a toda velocidad rumbo al norte de la ciudad y sin que nadie acertara a salir en su persecución.
En el automóvil particular de uno de los empleados del periódico, Don Guillermo Cano fue trasladado a la clínica de la Caja Nacional de Previsión, en donde pese a los esfuerzos realizados por un equipo de ocho médicos cirujanos, entre ellos, los doctores Gabriel Mantilla y Odilio Mendieta Sandoval dejó de existir hacia las 7 y 57 minutos de la noche.
El revés jurídico de la extradición
Con el voto unánime de 22 magistrados y dos conjueces, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 27 de 1980, a través de la cual había sido incorporado al ordenamiento jurídico el Tratado de Extradición, suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en septiembre de 1979.
Esta decisión judicial causó desaliento entre las autoridades nacionales e indignación en Estados Unidos, pues en aquellos días el Tratado de Extradición era la única opción de la que se disponía para enfrentar a los carteles de la droga que, desde dos años atrás y luego del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, le habían declarado la guerra al Estado y a la sociedad colombiana. De hecho, la controvertida sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue ruidosamente celebrada por los narcotraficantes.
¿Pero qué sucedió en esa época para que este fallo provocara la conmoción que causó? La historia se remonta a finales de los años 70, cuando en las calles de Miami y Nueva York se desató la primera guerra entre los carteles de la droga colombiana. Una pelea forjada por el control de la venta de cocaína en Estados Unidos que dejó innumerables víctimas en ese país, pero al mismo tiempo le permitió a la justicia norteamericana documentar en detalle la conformación y tentáculos de los carteles.
De esta manera, al gobierno de Estados Unidos, que entonces presidía Jimmy Carter, le sobraron argumentos para insistir en la firma de un Tratado de Extradición con Colombia, que le permitiera consolidar normas anteriores de colaboración judicial y asegurar el apresamiento y condena de los narcotraficantes que ya dominaban el negocio de la cocaína. Tras la firma del Tratado en septiembre de 1979, empezó la brega para que fuera aprobado en Colombia, logro que se dio a través de la ley 27 de 1980.
En esa época, gobernaba en Colombia el dirigente liberal Julio César Turbay Ayala, para quien la mayor prioridad en materia de seguridad era la lucha contra la subversión. La prueba es que a través del llamado “Estatuto de Seguridad”, desplegaba acciones con facultades de Estado de Sitio para enfrentar a la insurgencia. Se hablaba de la existencia de los carteles de la droga, pero no constituía un objetivo primordial del Ejecutivo hacerles frente. Por el contrario, los principales capos ostentaban con su poder y eran reconocidos empresarios en el deporte, el comercio o la banca.
Por esta última razón, ni siquiera cuando fue sancionada la ley aprobatoria del Tratado de Extradición, había mayor preocupación entre los narcotraficantes. Después del relevo en la Casa de Nariño, con el comienzo de la presidencia de Belisario Betancur, empezaron a cambiar las circunstancias. Llegaron las primeras peticiones de extradición procedentes de Estados Unidos, para que fueran enviados narcotraficantes colombianos. Sin embargo, al reclamo de Emiro Mejía y Lucas Gómez Van Grieken en 1983, la respuesta del Estado colombiano fue negativa.
No obstante, en ese mismo 1983 quedó claro que las primeras peticiones de la justicia norteamericana habían encendido las alarmas de los narcotraficantes. La prueba es que llegaron a la Corte Suprema de Justicia las primeras demandas de inconstitucionalidad contra el Tratado y su ley aprobatoria. Entre 1983 y 1985 hubo tres fallos del alto tribunal negando las solicitudes de inexequibilidad. En las tres ocasiones, la Corte se declaró inhibida para fallar de fondo en el asunto por falta de competencia.
En esencia, la posición de la Corte siempre fue clara: preservando una doctrina sostenida desde 1914, a raíz de una demanda contra el Tratado Urrutia-Thompson que compuso las relaciones entre Estados Unidos y Colombia después del rapto de Panamá, el alto tribunal manifestó tajantemente: “La Corte no puede desconocer o modificar un tratado internacional”. Sin embargo, los narcotraficantes estaban empecinados en lo contrario y empezaron a presionar la caída del Tratado a punta de violencia.
Tras el asesinato de Rodrigo Lara en 1984, no sólo regresaron las demandas contra el Tratado de Extradición sino las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero los juristas no se dejaron amilanar y la evidencia es que en uno de los fallos de negativa a la revisión del Tratado, el magistrado Ricardo Medina Moyano dejó escrito que además de que la Corte no podía modificar un tratado, “Colombia no podía colocarse en una situación de complicidad, haciendo de su territorio un santuario o un asilo de la delincuencia organizada”.
A esa altura de la confrontación entre el Estado y los carteles de la droga, ya el gobierno de Belisario Betancur, con la valerosa conducta de su ministro de Justicia, Enrique Parejo González, había extraditado a varios colombianos. Fueron 13 en total antes del relevo en la Casa de Nariño en agosto de 1986. Por esta razón, la presión de los narcotraficantes hacia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hizo cada vez más intensa. A través de sufragios, coronas mortuorias o agresivas grabaciones, el narcotráfico amenazaba todas las semanas a los magistrados.
En otras palabras, en 1985, por cuenta de los narcotraficantes en guerra contra el Estado, los colombianos más amenazados del país eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aun así, y existiendo reportes de prensa que daban cuenta de lo que iba a suceder, en la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, no había un miembro de la fuerza pública custodiando a los magistrados. Lo que pasó ese día ya el país lo conoce.
Murieron 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de un alto número de funcionarios judiciales al servicio de este tribunal o del Consejo de Estado. Aunque judicialmente nunca se concluyó que hubo alianzas entre el M-19 y el cartel de Medellín para el ataque al templo de la justicia, siempre quedó la duda histórica sobre la conveniencia de intereses para producir la toma. Lo cierto es que descabezada la cúpula del poder judicial en Colombia, hubo que volver a integrar el alto tribunal.
Pero a pesar de la gravedad de lo sucedido, los narcotraficantes insistieron en seguir amenazando a quienes sobrevivieron del holocausto del Palacio de Justicia. Y cumplieron sus amenazas. El 31 de julio de 1986, dos sicarios le propinaron 16 balazos al magistrado Hernando Baquero Borda. La razón: su valentía para insistir en la legalidad del Tratado de Extradición. Dos inocentes más perdieron la vida en el ataque: un escolta del magistrado Baquero y un joven obrero que transitaba por el lugar del atentado.
Con una nueva Corte, no demoró en ser interpuesta una nueva demanda contra la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. Sólo que esta vez, basándose en un haz jurídico, según el cual el alto tribunal sí podía revisar tratados, siempre y cuando no se hubiese perfeccionado el convenio a través del canje de notas, o en la eventualidad de que se hubiera cometido un error de forma en la ley aprobatoria, reclamó la inconstitucionalidad de la ley 27 de 1980. Según la demanda, el error había sido que la ley no fue firmada por el entonces presidente Turbay.
Y en efecto, por los días en que entró para sanción a la Presidencia la ley 27 de 1980, el presidente Turbay no estaba en Colombia. En su reemplazo, firmó la ley el ministro delegatario Germán Zea. La demanda argumentó que, según la Constitución vigente, la dirección de las relaciones internacionales era competencia única del Jefe de Estado. Esa fue también la tesis que acogió la Corte Suprema para echar abajo la extradición de colombianos. Aquel 12 de diciembre de 1986, el gobierno de Virgilio Barco perdía el instrumento más importante en su lucha contra el narcotráfico.
Apenas 25 días atrás había sido asesinado el exdirector de la Policía Antinarcóticos, Jaime Ramírez Gómez, y los carteles de la drogas celebraban efusivamente la caída del Tratado de Extradición. La única reacción del presidente Barco fue aportar una desesperada salida jurídica: si lo que se necesitaba era una firma presidencial, él aportaba la suya. Con ese argumento, el gobierno siguió dando la lucha contra los carteles de la droga. Cinco meses más tarde, la Corte tumbaba el atajo jurídico del presidente Barco. Sin embargo, su voluntad se impuso para seguir extraditando.
El héroe de la Policía Antinarcóticos
Estaba a punto de viajar al exterior mientras se preparaba para hacer curso de ascenso a general. Pero los narcotraficantes sabían que iban a tener en él a un enemigo acérrimo que parecía destinado a la dirección de la Policía. Por eso, a sus 47 años, lo asesinaron frente a su esposa e hijos.
Desde sus primeros años como oficial de la Policía, Jaime Ramírez Gómez fue un avezado investigador. Sus acciones contra el narcotráfico se iniciaron desde los años 70, cuando empezó a documentar el crecimiento del negocio ilícito de las drogas. Por ello, muchas veces se le oyó decir que éste flagelo iba a ser la nueva plaga de la sociedad moderna. Desde el entonces F2, se convirtió en un enemigo aparte de los traficantes de droga, apuntándose varios éxitos en la persecución de este delito.
Por ejemplo, en su historial quedó documentado que hacia 1975, desmanteló una poderosa banda de narcotraficantes en Bogotá que actuaba bajo la dirección de un sujeto identificado como Iván Darío Carvalho, más conocido como ‘El Mocho’. La acción final tuvo lugar en la vecina población de San Antonio de Tena. Años después desvertebró otra organización que dio de qué hablar, la que entonces comandaba Verónica Rivera de Vargas, conocida en las cloacas del delito como ‘La Reina de la Cocaína’.
Por estas razones, parecía destinado a ocupar uno de los cargos más complejos de su época, la jefatura de la Unidad Antinarcóticos de la Policía. Y lo hizo en el mismo momento en que el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla emprendía su batalla contra Pablo Escobar y los demás capos de la droga. Después de que Escobar perdió su inmunidad parlamentaria y empezó a ser perseguido por las autoridades, el coronel Jaime Ramírez Gómez se volvió el hombre clave para la ofensiva del ministro Lara.
Pero no sólo desplegó una ofensiva sin par contra Escobar y su organización, sino en general contra todos los carteles de la droga. Decomisó decenas de avionetas, destruyó incontables laboratorios para procesar droga, concretó la captura de muchos enlaces del narcotráfico y, principalmente, le asestó a los mafiosos el golpe más contundente de la época: el descubrimiento y destrucción del llamado complejo de ‘Tranquilandia’, un gigantesco laboratorio para procesar droga oculto en los llanos del Yarí, en el Caquetá.
El operativo se desarrolló en marzo de 1984 y permitió establecer que los principales narcotraficantes de la época se habían asociado para consolidar el complejo de ‘Tranquilandia’, que llegó a refinar más de 20 mil kilos de cocaína en pocos meses. La acción permitió reivindicar al Estado colombiano frente a la comunidad internacional y convirtió al coronel Ramírez Gómez en el hombre de confianza de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también lo ubicó en la mira inmediata de los mafiosos.
A pesar de que a través de sus informantes, el coronel Ramírez advirtió una y otra vez al ministro Lara que existía un plan para asesinarlo, no fue posible evitar el magnicidio. Pero después del crimen de Rodrigo Lara, incentivó sus acciones contra el narcotráfico. Además, se encargó personalmente de apoyar las investigaciones del juez Tulio Manuel Castro, para que el asesinato del ministro de Justicia no quedara en la impunidad. Era el oficial más amenazado en Colombia y también el que más se expuso.
Una de sus últimas averiguaciones fue saber que la gente de Escobar Gaviria utilizaba para sus asesinatos una serie de placas con las iniciales KF que había sido hurtada de las oficinas del tránsito en Itaguí (Antioquia). Además llegó a tener la certeza de la orden impartida por Escobar Gaviria para que lo asesinaran, e incluso del dinero que se pagó para que se concretara esta acción. En un momento crucial en la lucha contra el narcotráfico era tan incómodo para los delincuentes como para los oficiales y funcionarios corruptos que ayudaban a Escobar.
Dentro de los cambios rutinarios de la Policía, el coronel Ramírez Gómez pasó a cumplir funciones como Inspector Delegado y después como Director de Personal. Lo claro es que no eran más que pasos efímeros mientras se preparaba para el generalato y, con el apoyo de Estados Unidos, en el oficial elegido para la guerra que debía librarse contra los carteles de la droga. Sin embargo, sus enemigos lo venían acechando, nunca le perdieron la pista, y encontraron el momento para concretar su acción.
Antes de viajar al exterior, el coronel Ramírez Gómez decidió descansar con su familia en un municipio cercano a Bogotá. Lo hizo durante un puente festivo de noviembre. Debido a las graves amenazas contra su vida, escasas personas sabían que ese fin de semana andaba sin escoltas y en compañía de su familia. Cuando regresaba a Bogotá, al atardecer del lunes 17 de noviembre de 1986, los sicarios lo estaban esperando. El ataque se produjo a la altura del puente sobre el río Bogotá, entre Mosquera y Fontibón.
El coronel Ramírez Gómez iba al volante de un campero Toyota de color blanco. A su lado estaba su esposa. En el asiento trasero sus dos hijos. De repente, desde un Renault 18 de color verde empezaron a dispararles. Mal herido, el oficial perdió el control del vehículo y se estrelló contra una roca situada unos 300 metros adelante del puente, cerca al retén de la Policía. Los sicarios aprovecharon la situación, se bajaron del vehículo y remataron al oficial frente a la mirada atónita de su esposa e hijos.
La dirección de la Policía, entonces a cargo del general José Guillermo Medina Sánchez, expidió un comunicado para exaltar la impecable trayectoria del coronel Jaime Ramírez Gómez. La Presidencia de la República hizo lo propio para lamentar el hecho y prometer una exhaustiva investigación hasta sus últimas consecuencias. Pero como otros magnicidios de la época, la investigación judicial no llegó a ninguna parte. Tampoco su memoria fue suficientemente exaltada. En cambio los narcotraficantes celebraron ruidosamente el contundente golpe a su principal enemigo.
La primera víctima de El Espectador
Lo asesinaron hacia las siete de la noche del 16 de julio de 1986. La investigación judicial por el asesinato no arrojó resultados convincentes y en cambio el departamento del Amazonas y su capital Leticia perdieron a un importante líder que intentó prevenir a la sociedad sobre el avance del negocio de las drogas en el sur de Colombia.
Natural del municipio de Mogotes (Santander), desde niño tuvo que sufrir los rigores de la violencia partidista. Su familia era de filiación liberal, y por esta razón su padre murió asesinado. Junto a su madre y sus hermanos, Camacho Prada abandonó la región de sus ancestros y se reasentó en el municipio de Villavicencio (Meta). En dicha ciudad, poco a poco empezó a demostrar sus capacidades como hábil empresario, y escogió como su actividad principal el sector avícola, a través de una bien organizada finca.
No obstante, cuando crecía su proyecto económico, se vio afectado por el llamado síndrome de Guillain-Barré, que le causó una larga convalecencia. En este momento, como lo destacó su hija Ángela Camacho, también periodista, demostró su capacidad de sobreponerse ante la adversidad con un inusitado afán por recuperarse y restablecer sus actividades. Cuando superó la enfermedad, ya tenía claro cuál iba a ser su proyecto de vida: reanudar sus labores pero en la lejana Amazonas.
Junto a su esposa y cuatro hijos se asentó en Leticia y, repitiendo su experiencia de Villavicencio, organizó su finca avícola a cinco kilómetros del puerto que bautizó con un peculiar nombre: “Pior es nada”. De igual manera, creó un negocio agropecuario en la ciudad, en el cual habilitó un espacio para consolidar su vocación como periodista. En pocos días, su oficina empezó a funcionar como consignataria del periódico El Espectador de Bogotá, y él mismo como corresponsal del diario capitalino.
En desarrollo de ésta última actividad, rápidamente Camacho Prada advirtió que una creciente amenaza se cernía sobre el puerto: la presencia del narcotráfico. Por eso, no dudó en señalar a quienes estaban incursionando en ese negocio ilegal, en especial a un personaje que pronto daría de qué hablar a nivel nacional: Evaristo Porras Ardila. Pero Camacho Prada no se limitó a denunciarlo en El Espectador, también lo hizo en el periódico Ecos del Amazonas que él mismo creó junto a su familia.
Cuando el entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla empezó en 1983 a señalar con nombres propios a los narcotraficantes, rápidamente salió a relucir Evaristo Porras Ardila. Fue el personaje que utilizó el narcotráfico para tratar de desprestigiar y acallar a Lara Bonilla a través de un cheque filtrado a la campaña política del dirigente del Nuevo Liberalismo. Cuando se descubrió la trampa contra el ministro Lara y Porras Ardila ya era un sujeto conocido en el país, el periodista Roberto Camacho lo cogió por su cuenta.
No solamente en el periódico Ecos del Amazonas, o al interior de la Cámara de Comercio de Leticia, donde Roberto Camacho alcanzó a ser director ejecutivo, comenzó a denunciar a Porras Ardila, sus compinches y sus contactos con las organizaciones mafiosas. No demoraron las represalias. Le quemaron el almacén agropecuario y tuvo que refugiarse durante un tiempo en Tabatinga (Brasil). Cuando regresó a Leticia optó por dejar su finca “Pior es nada” y compró una casa en la ciudad para sus otras actividades.
Desde entonces, en las páginas de El Espectador siempre hubo espacio generoso para sus denuncias contra quienes se estaban convirtiendo en amos del comercio, propietarios del transporte o administradores de los créditos. Pero no satisfecho con estos informes, acudió personalmente a la justicia para denunciar a un excomisario que supuestamente había recibido dinero para devolver unas avionetas que el Ejército había incautado a los mafiosos. No hubo testigos que lo acompañaran en su denuncia.
A pesar de las advertencias y los consejos para que se cuidara, Roberto Camacho Prada hizo caso omiso a los comentarios. El 16 de julio de 1986, un sujeto que se encontraba oculto a escasa distancia de su casa, lo abordó cuando regresaba con su esposa de visitar uno de sus negocios, y lo acribilló sin opción de defensa.
Tenía 47 años de vida y en su multitudinario sepelio se hicieron muchas promesas de que el crimen no quedaría en la impunidad. Su familia tuvo que abandonar Leticia y el expediente terminó en el olvido.
En cuanto a Porras Ardila, fue capturado en enero de 1987, y en un momento en que al país le urgía que las autoridades aportaran resultados en la lucha contra el narcotráfico, fue presentado ante los medios de comunicación como un gran capo de capos. Con el paso de los días, se vio involucrado en otras investigaciones. Sin embargo, frente al caso Camacho Prada, no fue responsabilizado. Tampoco la justicia pudo aportar conclusiones claras de quiénes fueron los autores materiales intelectuales del crimen del periodista.
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